Jucil denuncia cesión de espacios en el puerto de Tarragona para una base de la Policía Marítima de los Mossos d’Esquadra

Jucil denuncia un intento de "traspaso competencial de facto" de competencias de la Guardia Civil en el puerto de Tarragona en favor de los Mossos d’Esquadra, como paso previo para extenderse a Barcelona.

09/09/2026 a las 9:10 h
Según Jucil, la medida "representa un avance evidente hacia el desmantelamiento progresivo de la Guardia Civil en Cataluña".
Según Jucil, la medida "representa un avance evidente hacia el desmantelamiento progresivo de la Guardia Civil en Cataluña". Foto: AP Tarragona
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La asociación profesional de la Guardia Civil Jucil denuncia "los intentos de cesión de espacios y dependencias dentro de la comisaría de la Policía Portuaria de Tarragona en favor del Cuerpo de Mossos d’Esquadra, una medida promovida para instalar una base permanente de su Policía Marítima".

Para esta entidad, "esta maniobra carece de la motivación jurídica necesaria y pretende forzar un traspaso competencial de facto dentro de un puerto de interés general del Estado"

Primer paso de una estrategia para llegar al puerto de Barcelona

Para esta entidad "lo que arranca en Tarragona es únicamente el primer paso de una estrategia planificada para satisfacer las aspiraciones de los Mossos d’Esquadra y de la Generalitat, cuyo objetivo posterior es desembarcar de forma análoga en el puerto de Barcelona".

Según Jucil, "esta política de hechos consumados representa un avance evidente hacia el desmantelamiento progresivo de la Guardia Civil en Cataluña, mermando sus capacidades y competencias históricas en favor de pactos de conveniencia política"

En el puerto de Tarragona ya existe una base permanente del Servicio Marítimo de la Guardia Civil y, a juicio de la entidad profesional de la Benemérita, "las funciones administrativas que corresponden a la policía autonómica no justifican de ningún modo la exigencia de una instalación permanente en espacio portuario estatal"

En este contexto, Jucil asegura que "solicitará de forma oficial las actas y resoluciones del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Tarragona, así como los informes jurídicos emitidos por la Abogacía del Estado, para esclarecer los giros de criterio producidos entre 2024 y 2026", y que, además, "mantendrá las acciones necesarias para evitar que estas decisiones sienten un precedente para el resto de la red de puertos del Estado y garantizará el pleno cumplimiento del ordenamiento constitucional y del reparto competencial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad"

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