El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha fallado a favor de la Autoridad Portuaria de Alicante en el conflicto relativo al cálculo de las tasas de ocupación del dominio público portuario.
Según el ente gestor potuario, este fallo judicial confirmaría que su actuación se ha ajustado plenamente a la legalidad, tras desestimar el recurso presentado por Terminales Marítimas del Sureste, que cuestionaba varias liquidaciones de la tasa de ocupación correspondientes a su concesión en el puerto de Alicante.
Aval para el criterio de la Autoridad Portuaria
Con la sentencia, el Tribunal avala el criterio aplicado por la Autoridad Portuaria y considera correcto el sistema utilizado para calcular dichas tasas, toda vez que, según la propia Autoridad Portuaria, respalda el uso del acta de reconocimiento de las obras como documento válido para determinar las superficies ocupadas y las bonificaciones aplicables en función de las inversiones realizadas.
De igual manera, el órgano judicial también apunta que este documento fue aceptado en su momento por ambas partes y que constituye una base objetiva y transparente para el cálculo de las tasas.
En total, el procedimiento judicial afectaba a liquidaciones por un importe global de 1.633.990,45 euros, correspondientes a ejercicios anteriores y superficies concesionadas.
Como consecuencia de la desestimación íntegra del recurso, el Tribunal ha impuesto, además, el pago de las costas del procedimiento a la parte demandante, lo que implica que la empresa recurrente deberá asumir los gastos derivados del proceso judicial.
Etapa de acercamiento
Esta resolución se produce en un momento de cambio en la relación entre la Autoridad Portuaria de Alicante y Terminales Marítimas del Sureste, caracterizado por una mayor voluntad de entendimiento y diálogo entre ambas partes, después de que en los últimos meses, la Autoridad Portuaria y TMS hayan iniciado una nueva etapa de relaciones institucionales con negociaciones más proactivas, más constructivas, basada en la búsqueda de acuerdos, la normalización de su relación y la colaboración para el desarrollo del puerto.
El ente gestor portuario alicantino estima que la sentencia supone un paso más en la consolidación de ese clima de cooperación.
