A raíz del vencimiento de la concesión actual, el Consejo de Administración del puerto de Barcelona ha autorizado iniciar el proceso de licitación para adjudicar en concesión una terminal marítima pública multipropósito situada en el muelle Príncipe de España.
La terminal dará continuidad a la actividad de carga general no contenerizada, que sin esta licitación, quedaría en situación de monopolio. El objetivo es garantizar un servicio competitivo, abierto a terceros y alineado con las necesidades logísticas e industriales del territorio.
La futura instalación dispondrá de una superficie de 87.425 m² y de los edificios de oficinas y aparcamiento existentes, mientras que el resto de estructuras podrán ser rehabilitadas o sustituidas según la propuesta del adjudicatario. La terminal podrá manipular carga general y determinados tráficos mixtos, pero no tráficos especializados como pasajeros, o graneles sólidos y líquidos.
También se ha establecido un volumen mínimo de carga general no contenerizada para evitar la manipulación en exclusiva de portacontenedores que pueden ser atendidos en otras terminales. No se ha optado por excluir totalmente la posibilidad de manipular contenedores porque hay tráficos en barcos mixtos, de carga general rodada y contenedores de manipulación vertical, que no podrían ser operados en las terminales de contenedores o de carga rodada existentes.
Inversiones y duración de la concesión
La licitación prevé un nivel de inversión orientativo de unos 3,6 millones en obra civil e instalaciones. La terminal tendrá que disponer, como mínimo, de tres grúas móviles, dos de ellas con menos de cinco años de antigüedad al inicio de la concesión, y de seis equipos auxiliares para la manipulación de mercancías.
No obstante, si los tráficos superan los 15.000 TEUs anuales o las 50.000 toneladas de carga rodada, se tendrán que hacer inversiones adicionales en maquinaria especializada. Además, la concesión se otorgará por un periodo de 16 años, con la posibilidad de extinción anticipada a partir del año 10 si fuera necesaria una reordenación de actividades en el puerto, en cuyo caso el concesionario tendrá derecho a una compensación por las inversiones no amortizadas.
La licitación incorpora también criterios ambientales como la eficiencia energética de los equipos, la generación de energía renovable, medidas de reducción de consumos de agua y electricidad, y la posibilidad de electrificación de la maquinaria.
El procedimiento es abierto y de tramitación ordinaria, con unos requisitos de solvencia amplios para garantizar la competencia entre operadores. Las ofertas se valorarán combinando criterios técnicos y económicos.
