La Autoridad Portuaria de Cartagena tiene entre sus objetivos estratégicos a corto y medio plazo reforzar su sistema de gobernanza, garantizar la continuidad del negocio y asegurar el adecuado cumplimiento de sus objetivos institucionales, implantando un modelo de control interno y gestión de riesgos alineado con las mejores prácticas en materia de buen gobierno, cumplimiento normativo y mejora continua.
Sin embargo, tras una licitación fallida de un sistema integrado de control interno y gestión de riesgos en 2025, ahora los responsables del ente gestor estiman que la necesidad que motivó aquella contratación no solo permanece vigente, sino que ha adquirido una mayor relevancia estratégica como consecuencia de la evolución de los riesgos organizativos, regulatorios y tecnológicos, así como de la necesidad de fortalecer el sistema de control interno, la gestión integral de riesgos, la continuidad del negocio y la capacidad de la organización para anticipar, prevenir y responder de forma eficaz ante situaciones que puedan afectar al normal desarrollo de su actividad.
Mejoras y ajustes
En este contexto, resulta necesario promover una nueva licitación que, incorporando las mejoras y ajustes derivados de la experiencia obtenida en el procedimiento anterior, permita disponer de una asistencia técnica especializada para implantar un modelo integral y homogéneo de control interno y gestión de riesgos, adaptado a las necesidades actuales de la Autoridad Portuaria de Cartagena y alineado con los principios de buena gobernanza, transparencia, cumplimiento normativo y mejora continua.
De manera particular, la iniciativa tiene cinco objetivos fundamentales como son los de garantizar la consecución de los objetivos del nuevo Plan Estratégico 2026-2030, asegurar la eficacia, eficiencia y transparencia de las operaciones portuarias, garantizar el estricto cumplimiento normativo y mitigar el riesgo penal, disponer de información financiera y de gestión fiable, oportuna, íntegra y exacta, y salvaguardar los activos públicos y fortalecer los mecanismos de prevención y control del fraude.
El nuevo expediente, con un plazo de ejecución de año y medio, cuenta con un presupuesto base de licitación de 203.703,06 euros y con un valor estimado de 205.760,67 euros.
