La Autoridad Portuaria de Gijón ha celebrado una reunión técnica en Bruselas con representantes de la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea, del Ministerio de Economía y Hacienda y de Puertos del Estado, para avanzar en la liquidación definitiva del proyecto de ampliación del puerto y la ayuda recibida por parte del Fondo de Cohesión.
El saldo final pendiente de abono asciende a 49,5 millones y se encuentra sin liquidar desde 2011, por lo que desde el puerto esperan poder desbloquear definitivamente el expediente y cobrar esta ayuda comunitaria. En este sentido, tanto las resoluciones del Tribunal de Cuentas como una sentencia de la Audiencia Nacional de julio de 2023han confirmado que el procedimiento de contratación, ejecución, modificación y liquidación de las obras se desarrolló conforme a la legalidad vigente.
De hecho, la sentencia de la Audiencia Nacional desacreditó expresamente el informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude que dio origen al procedimiento, al concluir que carecía de una base técnica y jurídica sólida. Asimismo, el tribunal puso de manifiesto que el dictamen de las peritos designadas no desvirtuaba la validez y legalidad del procedimiento de licitación, adjudicación y ejecución de las obras, llegando ellas a reconocer que no disponían de los conocimientos técnicos para responder a las cuestiones planteadas.
Pese a la claridad y contundencia de esta resolución, su contenido no fue trasladado a las autoridades europeas hasta transcurridos más de ocho meses, por lo que el nuevo equipo al frente del puerto impulsó una actuación coordinada y alineada ante todas las instancias.
Nueva propuesta
Como resultado, la Comisión Europea presentó en julio de 2025 una nueva propuesta de cierre del proyecto, reduciendo de forma sustancial la corrección financiera inicialmente planteada — que ascendía a la totalidad de los fondos, 247,5 millones—, proponiendo limitarla a 32,7 millones, que se descontarían del saldo final pendiente. No obstante, la propuesta seguía fundamentándose en supuestas irregularidades basadas en los informes periciales ya desautorizados.
La Autoridad Portuaria de Gijón manifestó su rechazo a esta propuesta y reiteró su reclamación del abono íntegro del saldo pendiente, ofreciéndose a mantener la reunión técnica directa con la Comisión Europea que acaba de celebrarse. En ella, han podido xponer, de forma ordenada y rigurosa, sus argumentos técnicos y jurídicos, y explicar que todas las incidencias surgidas a lo largo de la obra fueron resueltas de manera satisfactoria, culminando el proyecto en un plazo especialmente reducido para su envergadura.
Como resultado del encuentro, la delegación española y la Comisión han acordado intercambiar documentación adicional para aclarar determinados aspectos técnicos, antes de que Bruselas se pronuncie sobre las cuestiones de fondo y forma planteadas, como la prolongación injustificada del expediente durante más de 15 años, que podría vulnerar los principios de buena administración recogidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
