Tras abrir a primeros de este mes de noviembre procedimiento de licitación para la adecuación, renovación y unificación de los edificios que componen el puesto de control fronterizo del puerto de Santander, ahora la Autoridad Portuaria ha decidido renunciar al proyecto.
El ente gestor portuario cántabro alega que "continuar con la adjudicación de una infraestructura definitiva bajo premisas y volúmenes de tráfico aún inciertos conllevaría el riesgo de ejecutar una obra sobredimensionada o inadecuada, generando un gasto público ineficiente".
Por tanto, según el argumento de la Autoridad Portuaria de Santander, "el interés general exige congelar la contratación en esta fase para evaluar los datos reales de tráfico comercial y de pasajeros a medio plazo, garantizando así que la futura inversión responda estrictamente a las necesidades operativas reales y optimice los recursos públicos".
Todo ello demuestra, según los responsables de la rada santanderina, que "existe un evidente interés público en la paralización de esta licitación fundado en los principios de eficiencia, eficacia y buena gestión de los fondos públicos".
Un puesto con tres edificios
El puesto de control fronterizo del puerto de Santander tiene una superficie aproximada de 6.340 m2 y sus instalaciones están repartidas en tres edificios de tipo industrial.
Estos edificios se encuentran situados en la misma parcela y con una distancia de separación entre ellos menor de un metro, habiéndose proyectado y construido cada uno de manera independiente, pero manteniendo el sentido arquitectónico del primero que se ejecutó.
En estos momentos, los tres edificios están destinados a su uso para el control e inspección de las materias primas que se importan o exportan desde el puerto de Santander, con un inconveniente, que para acceder de un edificio a otro hay que hacerlo por el exterior, al estar separados, dificultando el trabajo de los inspectores, ya que han de seguir unos itinerarios sanitarios definidos para evitar, en el caso de que existan en las materias que se están inspeccionando, plagas o infestaciones de insectos o animales.
El expediente ahora abandonado tenía un plazo de ejecución de ocho meses, un presupuesto base de licitación de 1.211.444,68 euros y un valor estimado de 1.201.432,74 euros.
