La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, y el presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez, han mantenido esta semana una reunión con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el consejero de Movilidad del Gobierno canario, Pablo Rodríguez, para trasladarles las conclusiones de los encuentros celebrados la pasada semana en Bruselas con las distintas direcciones generales de la Comisión Europea en relación con la aplicación del sistema ETS al transporte marítimo.
Con ello se da continuidad a la solicitud realizada hace unos días junto con otras regiones ultraperiféricas de Francia y Portugal a la Unión Europea para que aplique con flexibilidad el sistema ETS de comercio de emisiones al transporte marítimo.
Normativa diseñada para el territorio continental europeo
Para los puertos del archipiélago, Canarias no puede afrontar en igualdad de condiciones una regulación diseñada desde la realidad continental europea, porque nuestra dependencia del transporte marítimo afecta directamente al abastecimiento, a la conectividad y al coste de vida de la ciudadanía.
A su vez, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, recogió esta petición y reiteró su compromiso de seguir defendiendo ante las instituciones europeas la excepcionalidad de Canarias y la necesidad de que el archipiélago quede exento de la aplicación de las tasas ETS.
En este mismo sentido, Clavijo se comprometió a seguir trabajando conjuntamente con las dos autoridades portuarias canarias en una hoja de ruta común que permita seguir trasladando a Europa el impacto que tendría esta medida sobre Canarias, especialmente en materia de costes logísticos, conectividad marítima y riesgo de desvío de tráficos hacia puertos de terceros países no sujetos a estas tasas.
El sistema europeo de comercio de emisiones ETS aplicado al transporte marítimo obliga desde 2024 a las navieras que operan en puertos de la Unión a pagar derechos de CO2 por parte de las emisiones de sus trayectos.
Los puertos canarios estiman que este mecanismo les hace perder competitividad y conectividad, especialmente si se tiene en cuenta que Canarias importa el 85% de los productos que consume, casi todo por barco.
