Tras la modificación del Reglamento sobre las emisiones de CO2 de los vehículos pesados, la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles ha querido destacar la flexibilidad temporal que aporta, pero sin olvidar que se trata solamente de un primer paso. Es necesario seguir avanzando y no escatimar esfuerzos en la descarbonización del transporte por carretera.
La enmienda recientemente aprobada corrige un diseño excesivamente restrictivo de las normas actuales al ajustar el mecanismo de cálculo para los años de referencia 2025-2029. Los fabricantes ahora podrán generar créditos de emisiones cuando las emisiones de sus vehículos nuevos se sitúen por debajo del objetivo legal de reducción del 15% para el período 2025-2029, lo que ayudará a facilitar la transición hacia los objetivos de 2030, significativamente más exigentes, sin alterar las obligaciones legales.
Sin embargo, aunque Acea valora el cambio, consdera que la transición a vehículos pesados de cero emisiones avanza con demasiada lentitud. En 2025, los vehículos de cero emisiones representaron tan solo el 2,0% de las matriculaciones de camiones pesados de más de 16 tooneladas y el 14,8% de los camiones medianos de entre 3,5 y 16 toneladas en la UE.
Esto refleja una brecha cada vez mayor entre los objetivos de CO2, cada vez más ambiciosos, impuestos a los fabricantes y el lento progreso en las condiciones necesarias para su implementación. La infraestructura específica de recarga e hidrógeno para vehículos pesados sigue siendo claramente insuficiente, los costes energéticos siguen siendo demasiado elevados y la viabilidad económica para los operadores de transporte es, en el mejor de los casos, precaria.
Alcance limitado
Por tanto, si bien esta enmienda es un paso necesario, su alcance es limitado. La enmienda no revisa ni reduce los ambiciosos objetivos de CO2 para vehículos pesados de gran tonelaje para 2030, 2035 o 2040, preservando plenamente la ambición general del reglamento y la trayectoria de descarbonización a largo plazo.
Tampoco aborda la falta estructural de condiciones propicias, introduciendo medidas del lado de la demanda o reforzando las obligaciones del Reglamento de Infraestructura de Combustibles Alternativos, ni ofrece apoyo financiero para acelerar el despliegue de infraestructura para impulsar la transición hacia los combustibles de cero emisiones.
Desde la Asociación, valoran la reciente corrección de los objetivos, pero creen que no basta para garantizar la transición hacia un transporte neutro en carbono, pues su éxito depende, en última instancia, de un progreso más rápido en condiciones reales. Es preciso realizar una revisión exhaustiva de la normativa sobre CO2 para que los ambiciosos objetivos de reducción se vinculen con el desarrollo de infraestructuras y la viabilidad económica para los clientes.
