La asociación empresarial Aecoc, que reúne a más de 35.000 empresas de las que el 85% son pymes, ha presentado en Madrid el primer informe de su Observatorio de Absentismo Laboral, un trabajo elaborado junto a Marlex en colaboración con Umivale Activa.
El documento cifra el impacto macroeconómico de este problema en 92.000 millones de euros, lo que supone que es la segunda partida de gasto público tras las pensiones y la sanidad, superando en 20.000 millones lo que España destina anualmente a la educación pública. Además, entre 2018 y 2024, las ausencias por incapacidad temporal crecieron un 73% en España, frente al 16% de media en la UE-27.
Asimismo, España registra 4,9 semanas perdidas por enfermedad por trabajador y año, la cifra más elevada de la OCDE, con un incremento del 69% desde 2018, frente al 15% de media. En palabras del presidente de Aecoc, Ignacio González, "quien necesita una baja debe tenerla, y debe tenerla con todas las garantías. Pero, al mismo tiempo, debemos ser capaces de identificar y reducir el absentismo evitable y el uso indebido o fraudulento del sistema".
El Observatorio de Absentismo Laboral nace para ofrecer una radiografía rigurosa de este problema, con datos comparables y representativos que permitan entender las diferencias entre sectores. Busca también profundizar en las causas, en la evolución del fenómeno y en las iniciativas que están funcionando en las empresas, así como articular una respuesta compartida con el apoyo de administraciones, mutuas y agentes sociales.
Bajas de larga duración con patologías de más difícil objetivación
De los datos recabados, llama la atención que el 16,2% de las personas trabajadoras concentra el 69,3% de las bajas y el 62,6% de los días perdidos por IT, pero también la larga duración de las bajas médicas y las patologías de más difícil objetivación, como problemas musculoesqueléticos y de salud mental.
“Necesitamos entender mejor la repetición, intervenir antes de que los procesos se prolonguen y prestar especial atención a las patologías que concentran la mayor parte del crecimiento”, ha subrayado González. En lo que respecta al sector, la tasa de absentismo por incapacidad temporal se situó en el 7,56% en logística, el 7,15% en la industria de la alimentación, el 6,48% en el transporte terrestre y el 6,15% en el comercio minorista, frente al 5,94% de media nacional.
Entre 2018 y 2024, la tasa de absentismo por incapacidad temporal aumentó un 44% en el conjunto de España, y la prevalencia de procesos de incapacidad temporal superiores a 365 días creció un 95%. A cierre de 2024, el 17,4% de los procesos que seguían activos superaba los 12 meses, frente al 12,6% registrado en 2018.
Aunque estos procesos representan el 2,4% de las bajas finalizadas, concentran el 34,1% de los días de trabajo perdidos. Por otra parte, entre 2018 y 2024, la incidencia entre los menores de 35 años aumentó un 152%, al pasar de 16,3 a 41 procesos mensuales por cada 1.000 trabajadores, mientras que entre los mayores de 55 años descendió un 27%, pasando de 33,8 a 24,6 procesos, aunque la duración media alcanza los 82,2 días, frente a los 20,9 días de los menores de 35.
En cuanto a las causas y las posibles soluciones, el Observatorio señala las listas de espera del sistema sanitario como uno de los principales factores que prolongan las bajas. Asimismo, tres de cada cuatro empresas participantes valoran como baja o muy baja la eficacia del marco regulatorio actual para gestionar y controlar el absentismo no justificado, y reclaman procedimientos más claros, una mejor comunicación de las bajas y una mayor homogeneidad en los criterios de actuación.
Las compañías también identifican margen de mejora en las condiciones de trabajo, la conciliación, el liderazgo y los programas de bienestar, destacando el papel de los mandos intermedios para detectar situaciones de riesgo, gestionar las cargas de trabajo y facilitar la reincorporación tras una baja.
Espacio de colaboración público-privada
Ante la dimensión del problema, es necesaria una respuesta coordinada y basada en datos, con mecanismos que permitan medir los resultados y ajustar las medidas cuando sea necesario. Así, se ha planteado crear un espacio estable de colaboración público-privada que permita identificar buenas prácticas, evaluar medidas y avanzar hacia soluciones coordinadas.
En el ámbito institucional, el Observatorio plantea implementar medidas destinadas a reforzar la atención sanitaria pública y reducir los tiempos de espera en consultas, pruebas e intervenciones. También propone mejorar la interoperabilidad de los sistemas de información, ampliar gradualmente el papel de las mutuas en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes, modernizar el marco regulatorio y reforzar el diálogo social y la negociación colectiva.
Por su parte, las empresas pueden contribuir mediante programas integrales de salud y bienestar, el refuerzo del liderazgo de los mandos intermedios, el seguimiento individualizado de los procesos de larga duración, la adaptación tecnológica y organizativa de los puestos de trabajo y el intercambio de información y buenas prácticas.
