La Unión Europea sigue adelante con sus medidas de control sobre el canal on-line, especialmente en lo relacionado con los operadores de bajo coste, muy agresivos en los últimos años.
Concretamente, la Comisión ha asegurado esta semana con carácter preliminar que Temu incumple la obligación establecida en la Ley de Servicios Digitales de evaluar adecuadamente los riesgos de la difusión de productos ilegales en su mercado.
De acuerdo con las conclusiones del colegio europeo de comisarios, las pruebas demostrarían que existe un alto riesgo de que los consumidores de la Unión encuentren productos ilegales en la plataforma.
En concreto, el análisis de un ejercicio de compras misteriosas realizado por la Comisión concluyó que es muy probable que los consumidores que compran en Temu encuentren productos no conformes entre la oferta, como juguetes para bebés y pequeños aparatos electrónicos.
Según el análisis de la Comisión, la evaluación de riesgos de Temu de octubre de 2024 era inexacta y se basaba en información general de la industria en lugar de en detalles específicos sobre su propio mercado. Por lo tanto, esto puede haber dado lugar a medidas de mitigación inadecuadas contra la difusión de productos ilegales.
Así pues, la Comisión continuará su investigación en relación con otras presuntas infracciones, incluida la eficacia de sus medidas de mitigación, el uso de características de diseño adictivas, la transparencia de sus sistemas de recomendación y su acceso a los datos para los investigadores.
Temu, por su parte, tiene ahora la posibilidad de ejercer su derecho de defensa examinando el expediente de investigación de la Comisión y respondiendo por escrito a las conclusiones preliminares de la Comisión. Paralelamente, se consultará al Comité Europeo de Servicios Digitales.
Si finalmente se confirmaran los puntos de vista preliminares de la Comisión, podrían imponerse multas de hasta el 6% del volumen de negocios anual mundial total del proveedor y ordenarle que adopte medidas para hacer frente a la infracción.
Así mismo, una decisión de incumplimiento también puede desencadenar un período de supervisión reforzado para garantizar el cumplimiento de las medidas que el prestador se propone adoptar para subsanar la infracción.
