El Consejo General de Colegios de Agentes de Aduanas y Representantes Aduaneros ha valorado positivamente el acuerdo sobre la reforma del Código Aduanero de la Unión Europea, que incorpora avances relevantes para el sector, pero considera que mantiene abiertas cuestiones fundamentales que deberán concretarse a través de los actos delegados y de ejecución para evitar riesgos injustificados para los representantes aduaneros.
Entre lo positivo, destaca la conservación del estatus de Operador Económico Autorizado y la distinción entre importadores establecidos y no establecidos en materia de representación aduanera.
Asimismo, se ha restablecido el límite de noventa días para el depósito temporal de mercancías y se han ampliado determinados mecanismos de simplificación comercial más allá del modelo "Trust & Check", evitando un escenario excesivamente restrictivo para los operadores.
Seguridad jurídica y delimitación de responsabilidades
No obstante, en el Consejo General ha mostrado su preocupación por la falta de claridad en la delimitación de la responsabilidad no fiscal de los representantes aduaneros, lo que podría dar lugar a interpretaciones divergentes entre Estados miembros y generar inseguridad jurídica.
Otro de los elementos que suscita preocupación es la nueva definición de importador, pues en determinados supuestos, podría trasladarse esta condición a operadores logísticos o transportistas en ausencia de una identificación clara de dicha figura. Dicho enfoque requiere una clarificación urgente que garantice la correcta asignación de obligaciones dentro de la cadena logística.
Asimismo, la falta de correspondencia entre la deuda aduanera y el IVA a la importación constituye una disfunción relevante que deberá abordarse en futuras iniciativas legislativas. Igualmente, desde el Consejo han hecho referencia a los posibles efectos de la nueva regulación del comercio electrónico, que incrementa la complejidad operativa y las cargas administrativas.
En definitiva, el CGAA considera que el texto acordado supone un paso adelante respecto a la propuesta inicial de la Comisión Europea, al incorporar parte de las demandas planteadas, pero cree que el impacto real de la reforma dependerá en gran medida de su desarrollo normativo y de su aplicación práctica.
