La Asociación Patronal de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (Anesco) ha exigido al presidente de Puertos del Estado, José Llorca, que rectifique públicamente las "desafortunadas declaraciones" en las que acusa a las empresas estibadoras accionistas de la Sagep de la situación existente en el puerto de Vigo.
El pasado 20 de abril, Faro de Vigo publicaba una extensa entrevista realizada a Llorca, con el fin de conocer el punto de vista del ente público sobre el traslado de las operaciones de Maersk Line al puerto de Marín.
Días antes, el puerto de Vigo había solicitado a Puertos del Estado la adopción de medidas cautelarespara remediar lo que, según la instalación viguesa, es “una alteración de la competencia efectiva en la prestación de servicios portuarios, que se produce entre las Autoridades Portuarias de Marín y Vigo”.
Las palabras de Llorca que el diario gallego destacó en el titular de la entrevista, "López Veiga se equivoca en todo sobre Marín; no puede hablar de oídas sin conocimiento jurídico", reflejaban el malestar del organismo público ante las presiones de la terminal viguesa.
El presidente de Puertos del Estado aseguró en la entrevista que Marín no opera en una situación de ilegalidad, como se había señalado desde Vigo. En lo que se refiere a la estiba, afirmó que la administración pública queda fuera de los convenios colectivos que Sagep y estibadores negocian. Por ello, "si tienen condiciones diferentes en Marín o Vigo es por cómo las han negociado", apuntó.
Tras estas palabras, desde Faro de Vigo indicaron a Llorca que su respuesta daba a entender que "el puerto de Vigo era una víctima de los acuerdos internos de las empresas que conforman la Sagep", a lo que el presidente de Puertos del Estado respondió, siempre de acuerdo con la transcripción del diario, que "evidentemente", porque unos empresarios habían sido capaces en Marín de "articular acuerdos entre sindicatos y trabajadores mucho más flexibles".
La respuesta de Anesco
Ante esta situación, Anesco ha emitido una nota en la que se exige a Llorca que "rectifique públicamente y que asuma su responsabilidad en el asunto", señalando que las actuales sociedades de estiba son fruto de la legislación portuaria defendida y propugnada por el Gobierno, así como de la herencia recibida, tras la gestión pública durante más de 70 años de estas entidades.
Además, en la carta firmada por Juan Aguirre Aguirrezabal, presidente de la Asamblea de Empresas Estibadoras, se señala que estas manifestaciones "aumentan la preocupación del sector portuario" en relación a la visión que desde Puertos del Estado se tiene sobre cómo cumplir con la sentencia de Luxemburgo, "creando tensiones innecesarias que en nada ayudan a gestionar el día a día del sistema portuario español".