Tras la aprobación por la parte de la Comisión de Transportes del Congreso de una Proposición No de Ley para adaptar el régimen jurídico de los Centros Portuarios de Empleo, la Asociación Estatal de Empresas Operadoras Portuarias ha denunciado ante el Gobierno, la Comisión Europa y la CNMC lo que considera un abuso «repetido y reiterado» de los sindicatos.

En su opinión, la resolución aprobada, que puede convertirse en un Real Decreto-Ley, «parte de dos falsedades«, pues se entiende que las empresas forman parte de los CPE y permanecen en ellos por propia voluntad, cuando se debe al «chantaje de la huelga«.

En este sentido, la voluntad de la parte sindical es «mantener el monopolio de la oferta de mano de obra e impedir su liberalización«, dicen desde Asoport, pues los CPE son empresas «con una viabilidad económica dudosa y en pérdidas«.

Aseguran que se quiere ajustar la ley al convenio, y no al revés, para sortear las observaciones de la CNMC al borrador del V Acuerdo Marco  y las sanciones impuestas al IV Acuerdo Marco.

Para ello, se acude a la naturaleza supuestamente mutualista de la sociedad, para extraer de este concepto las obligaciones laborales de contratar, formar y recolocar/subrogar para las empresas estibadoras.

Desde su punto de vista, «se burla la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE«, que en 2014 condenó a España por vulnerar el principio de la libertad de establecimiento. Además, indican que no es posible coordinar estos cambios con la actual configuración como sociedades de capital de los CPEs.

Eludir el control de la CNMC

Para la Asociación, estas nuevas obligaciones suponen dejar sin efecto la liberalización del sector y utilizar un Decreto-Ley para eludir el control de la CNMC, cuando no existe razón de urgencia para que el Gobierno deba recurrir a esta figura.

El borrador, dicen, implica limitar la libertad de contratación de estibadores y la libertad de formar parte o no de una CPE, de modo que la empresa estibadora tenga que acudir prioritariamente a contratar a estibadores de los CPEs en lugar de a otras ETTS.

De otro lado, se introducen restricciones a la posibilidad de que una empresa estibadora pueda salir de un CPE, al dar soporte legal a soluciones de subrogación.

España se sitúa de nuevo, según Asoport, en el incumplimiento de la sentencia del TJUE de diciembre de 2014, desafiando a las instituciones europeas con los fondos Next Generation por venir.