Asociaciones de diversos segmentos del sector logístico y de transporte se han apresurado en los últimos días a exigir al Gobierno que suministre unos equipos de protección que no tiene.

Estas peticiones obvian las condiciones precarias en que llevan a cabo su labor servicios no esenciales, sino primordiales, como trabajadores sanitarios, así como fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Además, las reclamaciones urgentes pasan por alto el coste del suministro de estos equipos de protección y las dificultades para organizar envíos regulares y con garantías en los mercados nacionales e internacionales.

Si en condiciones normales, el Estado está apenas para recaudar y legislar, en crisis tan brutales como la actual se limita, ante la falta de un liderazgo fuerte y capaz, a tapar vías de agua en un barco que se hunde: es decir, a suministrar equipos a su personal, que los demás ya vendrán detrás.

Este cúmulo de circunstancias debería servir para pensar (y haber organizado ya) en vías alternativas de suministro de mascarillas y guantes, bien a través de compras o de donaciones, como se ha articulado en algún lugar.

Desde hace casi dos décadas se habla en el sector de gestión del riesgo. En un principio, relacionada con el uso de las nuevas tecnologías y, después, con posibles amenazas terroristas. Esta crisis supone una nueva vuelta de tuerca a este respecto.

Sin embargo, parece, salvo honrosas excepciones, que no ha servido de mucho. Las empresas comienzan a comprender en esta crisis la importancia que tiene su capital humano para llevar a cabo su actividad, un personal que les está permitiendo mantener un nivel de actividad no solo digno, sino encomiable.

Pese a todo, a unas cosas y a otras, esta crisis pasará. Tendrá su coste, eso es innegable. Y todos volveremos a las andadas.