Tras la aprobación por el último Consejo de Ministros de una norma de urgencia que permitirá al Gobierno asumir los peajes de las autopistas cuya concesión caduque y, al mismo tiempo, desviar obligatoriamente los camiones a estas vías por motivos de seguridad vial o de protección medioambiental, la reacción en contra del sector del transporte ha sido unánime.

Sin embargo, esta misma semana, el propio ministro de Fomento ha anunciado que la pauta que se siga antes de fin de mes con la extinción de la concesión del peaje de la A-1 entre Burgos y Armiñón marcará, según las propias palabras de José Luis Ábalos, «el modelo a seguir”, con vistas a conseguir un sistema viario que Fomento califica de «territorialmente equilibrado» y que deberá garantizar que los recursos para la conservación de la red de carreteras son suficientes.

Reacciones en un mismo sentido

Así, por ejemplo, FVET se pregunta de qué han servido las reuniones mantenidas con el Ministerio de Fomento y afirma que «parece que ya estaban tomadas las decisiones y, una vez más, el sector ha servido sólo para hacerse la foto con el ministro y dar una falsa imagen de diálogo».

En Murcia, Froet tilda el Real Decreto-Ley de «desastre», afirma que no se ha contado con la opinión del sector y destaca el impacto que tendrá la medida para el transporte de la región murciana, con un alto porcentaje de transporte internacional.

Sintraport , por su parte, califica la medida de «nuevo varapalo que, además, trata de justificarse criminalizando al transportista, vinculando la actividad con la siniestralidad y los problemas medio ambientales».

De igual modo, Fetransa cree que «la premisa de la seguridad y los problemas medio ambientales son una farsa que pretende justificar una medida meramente recaudatoria en la que el transporte es, una vez más criminalizado y acusado de problemas que no le corresponden«.

Astic, por su parte, considera que la norma es «desproporcionada» y pide «medidas proactivas y una mayor coordinación entre las autonomías y el Estado que garanticen la circulación de personas y mercancías por todo el territorio nacional«.

CETM, como ya ha informado Cadena de Suministro, ha mostrado su «absoluta repulsa y total rechazo a la posible puesta en marcha de estos desvíos obligatorios que, además de atentar contra el derecho fundamental de la libre circulación, generan graves y costosos problemas para las empresas de transporte«, al tiempo que pide que el desvío bonificado tenga carácter voluntario y que solo sea obligatorio cuando la autopista sea gratuita.

Sin embargo, pese a la contundencia de las afirmaciones, solo FVET asociación habla explícitamente de movilizaciones, pese a que desde el pasado mes de septiembre existe un cierto ruido de fondo en el sector en relación con posibles paros.