Comisiones Obreras estima que "el problema del hundimiento de los precios en el sector del transporte de mercancías por carretera no se debe al alza en los precios del combustible sino a la competencia desleal practicada por autónomos y empresas, y la tolerancia de la Administración al no exigir el cumplimiento de la legalidad".
Según la central sindical, "no hay voluntad política de solucionar los problemas estructurales del sector, sino de perpetuar un escenario de competencia desleal y fraude".
Así mismo, para el sindicato, "el fomento del empleo autónomo en este sector responde a la voluntad política de flexibilizar el mercado laboral mediante la externalización de los riesgos y el abaratamiento de los costes" y, al tiempo, destaca que "tampoco parece que haya intención política para revertir estas prácticas ultraliberales, sino más bien de lo contrario, si se rescata a quienes no pueden sobrevivir al mercado, se perpetúa la situación".
De igual manera, Comisiones Obreras argumenta que "en el sector del transporte de mercancías por carretera no se aplican ni los convenios colectivos ni la legislación tributaria, ni la de Seguridad Social, ni la europea de tiempos de conducción y descanso como corresponde, lo que deriva en continuas prácticas irregulares y el deterioro permanente del sector".
El sindicato refiere que "las empresas, salvo honrosas excepciones, no pagan los tiempos de espera al personal asalariado, sólo abonan el tiempo en el que el camión está circulando mediante una tarifa de precio por kilómetro", de tal modo que "si las cargadoras bajan el precio del viaje, las empresas transportistas bajan la retribución del viaje a su personal asalariado", por lo que, según su criterio, "en el sector es frecuente que las empresas camuflen en dietas la retribución por kilómetro que supera el salario base y tampoco se declararan las horas extraordinarias reales. De esta forma eluden la cotización a la Seguridad Social por esos importes".
Además, Comisiones Obreras señala prácticas como las de empresas cuya "actividad real se realiza en Madrid, Barcelona, Valencia o Bilbao pero sitúan el domicilio social en provincias limítrofes para pagar menos en cotizaciones a la Seguridad Social".
Por todo ello, la central advierte de que "si no se crea una mesa de diálogo social que incluya a todos los agentes sociales, los conflictos en el sector no van a parar".
