El vuelco en las eleecciones municipales y autonómicas de este 28 de mayo ha tenido como consecuencia el adelanto de las elecciones generales para el próximo 23 de julio, anunciado por el presidente del Gobierno este lunes, 29 de mayo.
Más allá de la lectura política sobre las causas que han dado lugar a este sorpresivo movimiento, el adelanto electoral tiene efectos prácticos de paralización de los principales proyectos legislativos pendientes, dado que la convocatoria implica la disolución de las Cortes Generales y el consiguiente parón inmediato en la actividad de las dos Cámaras.
De manera particular, la Ley de Movilidad Sostenible, que ya había ralentizado su paso por el Legislativo, ahora se verá retrasada sine die.
Algo parecido pasará con el sistema de pago por uso en las carreteras estatales de alta capacidad, para el que no había actividad a la vista, dada la negativa del sector a contemplarlo siquiera.
Además, la convocatoria incluso podría afectar también a un proyecto que ya parecía a punto de salir del horno, como es el caso de la modificación de la normativa de pesos y dimensiones de los vehículos pesados, en el que se necesita el acuerdo de Industria y Transportes.
