El Congreso de los Diputados ha aprobado el Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, que ahora seguirá tramitándose en el Senado

La Ley combatirá el fraude tributario ligado a las nuevas tecnologías, permitirá perseguir comportamientos inadecuados de las grandes empresas y contribuirá a evitar la planificación fiscal abusiva. Asimismo, contribuirá a reducir la litigiosidad con los contribuyentes y fomentar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Por razones de justicia tributaria, prohíbe la aprobación de amnistías fiscales, que permiten regularizar patrimonios no declarados en condiciones más ventajosas. Por otro lado, reduce de un millón a 600.000 euros el importe de deuda tributaria que implica la inclusión en la lista de deudores a la Hacienda Pública.

También introduce por primera vez la prohibición del software de doble uso, impidiendo la producción, tenencia o uso de sistemas y aplicaciones informáticas de gestión contable para manipular y falsear la contabilidad de las empresas.

Asimismo, rebaja la limitación del pago en efectivo para determinadas operaciones económicas entre empresarios desde los 2.500 hasta los 1.000 euros, facilitando el rastreo de las operaciones. Además, se revisarán las jurisdicciones integrantes de la lista de paraísos fiscales.

Durante la tramitación en el Congreso, se han incluido algunas enmiendas en el texto, como que las Socimi tributen al 15% por sus beneficios no distribuidos o un mayor control sobre las Sicav.

Reacciones del sector transitario y aduanero

Desde Feteia-Oltra, que se ha implicado en la búsqueda de una solución satisfactoria, no ya para el colectivo de transitarios o representantes aduaneros, sino para el conjunto del comercio exterior español, destacan la labor realizada junto al departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, así como con los grupos parlamentarios.

De este modo, ha sido posible mejorar el texto legislativo, atendiendo las peticiones y necesidades del sector, que confía en la tramitación positiva de la norma en el Senado.

Por su parte, el Consejo General de Agentes de Aduanas recuerda la gran relevancia para la economía española del sector exterior, que está llamado a convertirse en una de las grandes palancas de la recuperación.

En su caso, presentó una propuesta de 10 enmiendas al articulado con el fin de subsanar los desequilibrios contenidos en el texto originalmente remitido, cuyas disposiciones ponían en peligro la viabilidad de la profesión de los agentes de aduanas, al endurecer las condiciones del ejercicio de representación aduanera.

Esto supondría el desplazamiento de la actividad a otros países de la Unión Europea y la concentración del sector, lo que conllevaría la pérdida de hasta 10.200 empleos en España para 2025.

No obstante, las enmiendas al texto acordadas rectifican el Proyecto de Ley en los tres aspectos prioritarios para el futuro del colectivo: la responsabilidad subsidiaria sobre el IVA a la importación, la caducidad del procedimiento aduanero y las garantías globales de la deuda aduanera.