Las constructoras recibirán un pago anual del Estado durante 30 años para que las vías queden libres de peaje para los usuarios finales.
El Gobierno ha anunciado un Plan de Inversión Extraordinaria en Carreteras con una inversión de 5.000 millones de euros que aportarán el capital privado y el BEI, para la construcción y mejora de unos 2.000 kilómetros de autovías.
El objetivo es reactivar la obra pública y seguir mejorando la red de infraestructuras, por lo que durante los próximos cuatro años se acometerán una veintena de actuaciones en carreteras.
Los proyectos se contratarán mediante contratos de concesión, por los que las constructoras adelantarán, con apoyo del BEI, la inversión necesaria para la obra que, una vez puesta en servicio, deberán mantener durante 30 años.
Las empresas recibirán un pago anual del Estado durante esos años, de forma que las vías queden libres de peaje para los usuarios finales. Esto supondrá, según los cálculos del Ejecutivo, unos 350 millones de euros al año, lo que supone un 20% del presupuesto del Ministerio de Fomento.
La reacción desde el PSOE no se ha hecho esperar, al tildar el Plan de Carreteras como "una nueva tomadura de pelo y un insulto a la inteligencia de los españoles", exigiendo que el ministro de Fomento explique el plan en el Congreso.
Por su parte, la Asociación de Transporte Internacional por Carretera, Astic, valora la intención del Gobierno, pero desconfía del destino final de los 5.000 millones de euros, por lo que exige que se destinen en infraestructuras "realmente útiles" para el sector del transporte por carretera, que moviliza el 93% de las mercancías.
Los transportistas piden que la inversión se destine a "obras con utilidad"
Asimismo, desde la Asociación califican la cifra prevista como "insuficiente" y recuerdan que son necesarios, al menos, 6.600 millones de euros en actuaciones urgentes. En este contexto, consideran como prioritarias las actuaciones para la eliminación de puntos negros y cuellos de botella en las carreteras, que reduzcan tanto accidentes como retenciones de tráfico.
También reclaman un mayor número de estaciones intermodales, que faciliten las conexiones con otros modos de transporte como el ferroviario o marítimo, y más y mejores áreas de descanso que aumenten la seguridad de los usuarios de las vías públicas.
Por último, han querido rescatar los "fiascos de la Administración Pública", como la variante de Pajares, el túnel de Pertús o el anillo ferroviario de Málaga, que son algunas de las infraestructuras desamortizadas del Estado y han pedido que se invierta en "obras con utilidad y beneficiosas para el contribuyente".