El Parlamento Europeo ha ratificado, por 595 votos a favor, 17 en contra y 24 abstenciones, el acuerdo alcanzado con el Consejo para introducir unas normas mínimas para la evaluación de riesgos y unas estrategias nacionales de resiliencia, y para armonizar la definición de las infraestructuras críticasen todos los Estados miembro.
Esta normativa se aplicará en hasta once sectores esenciales cubiertos que incluyen la energía, el transporte, la banca, las infraestructuras del mercado financiero, las infraestructuras digitales, el agua potable y las aguas residuales, la producción, transformación y distribución de alimentos, la salud, la administración pública y el espacio.
Al mismo tiempo, se endurecen los requisitos para evaluar los riesgos e informar de problemaspor parte de los proveedores de servicios considerados críticos.
De igual modo, estas nuevas normas obligarán a los Estados miembros a contar con sus respectivas estrategias nacionales de resiliencia y a que la comunicación transfronteriza se realice a través de unos puntos de contacto únicos que designará cada Estado miembro.
Adicionalmente, por otro lado, la norma obligará a evitar que los operadores de servicios críticos tengan que duplicar las notificaciones, lo que supondría para ellos una carga burocrática innecesaria.
Así mismo, para garantizar la transparencia, los responsables de infraestructuras esenciales deberán informar a las autoridades nacionales de cualquier incidente o perturbación, y las autoridades alertarán a la población cuando el asunto sea de interés público.
Con esta regulación se pretende que las infraestructuras críticas de la Unión Europea muestren solidez frente a diferentes amenazas, entre las que incluyen crisis climáticas y posibles sabotajes.
