El proyecto de reglamento europeo para mejorar la transparencia de la financiación pública de los principales puertos europeos, así como las normas comunes para los puertos que deseen restringir el número de proveedores de servicios portuarios, han sido aprobados este lunes 25 enero por el Comité de Transporte del Parlamento Europeo.
Durante la reunión que ha tenido lugar en Bruselas, el Comité ha rechazado la norma, propuesta por la Comisión Europea, de liberalizar obligatoriamente el acceso al mercado de los servicios portuarios de remolque, bunkering, amarre y practicaje en toda la UE.
Para los eurodiputados, son los propios puertos los que deben decidir como se organizan los servicios portuarios en sus instalaciones, "a fin de garantizar la seguridad de las operaciones", indican desde el Parlamento, desde el que se muestran satisfechos por "haber sido capaces de descartar esta obligatoriedad".
Además, los eurodiputados afirman tener de su lado a puertos, terminalistas y sindicatos, "por primera vez en las largas discusiones" en torno al sector portuario.
En este contexto, el Comité insiste en que "un sólo sistema no sería apropiado", ya que la variedad de puertos europeos incluye muchos modelos diferentes para la organización de estos servicios.
Por tanto, el Parlamento ha modificado la propuesta de la Comisión para que "los modelos de gestión portuaria establecidos a nivel nacional por parte de los Estados Miembros se puedan mantener".
Transparencia en la financiación pública
Por otro lado, las disposiciones sobre la transparencia financiera, adoptadas este lunes, sientan las bases para que la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea ofrezca una mayor claridad en las reglas para la inversión pública en los puertos.
Según los eurodiputados, la financiación pública de los puertos debe ser transparente y quedar reflejada en las cuentas del organismo, que deberá separar la inversión privada de la pública.
En lo que respecta a las tarifas portuarias, el Parlamento exige la misma transparencia, señalando que la Comisión deberá adoptar medidas que garanticen que las tasas no son "desproporcionadas".
Así, los cánones de los puertos deben establecerse "de forma transparente", pero también "autónoma", de acuerdo con la propia estrategia comercial y las inversiones de la instalación.
Por otro lado, cada país de la UE debe designar uno o varios organismos independientes para manejar las quejas. Los Estados miembros podrán designar organismos ya existentes, pero los usuarios necesitan saber dónde presentar sus denuncias, que deben ser gestionadas de manera independiente.
Normas comunes para limitar el número de proveedores
Los eurodiputados también han propuesto normas comunes para los Estados miembros y los administradores portuarios que desean limitar el número de proveedores de servicios, con la posibilidad de que funcionen como un "operador interno".
En este sentido, los puertos no deben limitarse a un conjunto claramente definido de las condiciones relativas a las cualificaciones profesionales, sino que también han de tener en cuenta los equipos necesarios para la prestación del servicio portuario, y satisfacer las necesidades de seguridad y ambientales marítimas y las normas sociales.
Entre los casos en los que quedaría justificada la limitación de proveedores de servicio, el Parlamento señala la escasez de espacio, las características del tráfico portuarioo la necesidad de proporcionar operaciones portuarias seguras y sostenibles.