Como requisito estaba la necesidad de que el vehículo a achatarrar tuviera la autorización de transporte en vigor en el momento de la solicitud.
El pasado mes de diciembre, el Gobierno aprobó el Plan de Impulso al Medio Ambiente en el Transporte, Plan PIMA Transporte, que contemplaba una línea de ayudas al achatarramiento tanto de camiones, con un tonelaje superior a las 3,5 toneladas, como de autobuses, en ambos casos siempre que se hubieran adquirido antes de enero de 2007.
Dicho Plan, cuya vigencia finalizó el pasado mes de octubre, y que estaba dotado con una partida presupuestaria de 3,7 millones de euros, contemplaba unas ayudas de 3.000 euros por vehículo, excepto en el caso de los camiones con un tonelaje igual o inferior a 16 toneladas de MMA, que era de 2.000 euros, y los de menos de 7,5 toneladas en los que la ayuda era de 1.500 euros.
A pesar de estas ayudas, Fenadismer destaca el "escaso" resultado del Plan ya que del presupuesto inicialmente previsto, sólo se han ejecutado 1.144.000 euros, sólo un 21% del presupuesto, habiéndose tramitado un total de 1.503 solicitudes de ayudas al Plan PIMA Transporte.
El mayor porcentaje de solicitudes corresponden a ayudas para el achatarramiento de camiones, en concreto un 55%, frente a un 45% de autobuses. Dentro la categoría de camiones acogidos a las ayudas, el 72% se correspondía con camiones con MMA superior a 16 toneladas y el 18% restante para camiones de menor tonelaje.
En lo que respecta a la edad de los vehículos que han tramitado dicha ayuda, en el caso de los camiones beneficiados el 31% tenían una antigüedad superior a 20 años, el 51% entre 13 y 20 años y el 18% una vida inferior a 13 años.
Respecto al origen territorial de los solicitantes de las ayudas, las Comunidades Autónomas con mayor porcentaje de beneficiarios han sido por este orden Murcia (14,8%), Galicia (14,2%), Cataluña (13,5%) y Comunidad Valenciana (11,2%).
Según señala Fenadismer, entre las causas que han podido motivar el escaso resultado del plan, las asociaciones de transportistas ya plantearon en su día al Gobierno la "rigidez" de algunos de los requisitos exigidos para acogerse a las ayudas, como el que se refería a la necesidad de que el vehículo a achatarrar tuviera la autorización de transporte en vigor en el momento de la solicitud, lo que ha impedido acogerse a un mayor número de vehículos de transporte actualmente inactivos como consecuencia de la situación económica que ha soportado el sector estos últimos años.