El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de La Coruña ha dado luz verde al Plan de Empresa para 2023, que recoge la inversión de 171 millones de euros en el acceso ferroviario al Puerto Exterior, con la asignación de 37 millones este próximo año, correspondientes al ramal norte, que conectará el puerto con la red general en sentido La Coruña.

Se prevé que Adif adjudique las obras en fechas próximas, y se han licitado ya las asistencias técnicas, por importe de 5,7 millones de euros, y el inicio de los trabajos de actualización del proyecto técnico de la red interior de la dársena, al objeto de que esta pueda ser licitada el próximo año.

Además, el Ministerio de Transportes se encargará de los estudios relativos al ramal sur, que completará el enlace mediante una conexión directa en sentido Santiago. Toda la inversión será sufragada con los fondos europeos Next Generation.

El Plan de Empresa incluye asimismo una inversión de un máximo 30 millones de euros en mejoras de las infraestructuras portuarias, especialmente en Langosteira, si bien se ejecutarán de forma acompasada a las necesidades que surjan por la implantación de concesiones.

El Consejo también ha aprobado de forma definitiva un cambio en la ubicación del nuevo sistema automático de descarga que instalará Terminales Marítimos de Galicia en el Puerto Exterior, para transportar mediante cintas el cereal directamente desde los barcos a los almacenes. TMGA invertirá ocho millones de euros en esta actuación.

Además, se mantienen contactos con importantes empresas que están interesadas en instalarse en Punta Langosteira en el sector del hidrógeno y el amoniaco verde, y en la fabricación de componentes eólicos para exportar a Francia y Escocia.

En relación con las cuentas anuales, que acaban de cerrarse, el ejercicio 2021 el puerto logró una cifra de negocio de 25,5 millones de euros, lo que supone pérdidas por 1,7 millones de euros, debido al importante peso de la amortización del Puerto Exterior y los gastos financieros.

En este sentido, continúa sin concretarse el acuerdo entre administraciones sobre el desarrollo de la fachada marítima, lo que impide a la Autoridad Portuaria obtener ingresos por la liberación de los muelles.

 

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