Consciente de la importancia que tiene la seguridad en sus tráficos, y muy especialmente en los que se dirigen al Reino Unido, la Autoridad Portuaria de Santander pide más medidas para evitar la intrusión de polizones en el recinto.

En este mismo sentido, además de los nuevos medios contratados para aumentar el control en sus instalaciones, como la contratación de Integral de Vigilancia y Control para dar soporte a la policía portuaria en las labores de vigilancia o, como parte de la colaboración público-privada, el servicio de una unidad canina de detección de personas de ICTS contratado por la CLdN para proteger su concesión, el puerto lleva invertidos tres millones de euros en los dos últimos años para evitar la intrusión.

Entre otras medidas adoptadas, se ha elevado de la altura de las vallas, se han instalado sensores y cámaras infrarrojas, y se usan nuevos drones que sobrevuelan las instalaciones, aunque el problema sigue siendo un quebradero de cabeza para los responsables del recinto, con más de 2.400 intentos de entradas irregulares registrados en 2019.

Por este motivo, ha reclamado al ministerio del Interior un refuerzo de los medios policiales destinados a la vigilancia de las instalaciones del puerto de Santander.

Según la propia Autoridad Portuaria, la rada cántabra sufre un problema de intrusión que pone en riesgo la integridad de los vehículos con destino al Reino Unido e Irlanda y de la mercancía que transportan.

Tan solo en el periodo entre 2020 y 2021 se incoaron más de 1.050 expedientes sancionadores y se publicaron 687 propuestas de resolución por accesos irregulares.