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La nueva ley no permitirá amortizar lo invertido en mejoras tecnológicas por parte de los fabricantes.

La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, Anfac, ha rechazado de plano el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que establece un plan «excesivo en sus objetivos y acelerado en sus plazos» para lograr la descarbonización del transporte en 2050.

A partir del año 2040 no se permitirá la matriculación y venta en España de turismos y vehículos comerciales ligeros con emisiones directas de dióxido de carbono. Esto supone la prohibición directa de comercialización de vehículos diésel, gasolina, GNC y GLP e híbridos, en contra del principio de neutralidad tecnológica defendido por la Unión Europea.

La Ley prohibirá las subvenciones que favorezcan el consumo de combustibles fósiles, por lo que solamente se podrán subvencionar los vehículos eléctricos puros y se estará discriminando a una tecnología limpia y eficiente frente a otras que deben servir de puente para alcanzar la movilidad de cero emisiones.

Desde Anfac critican que el Gobierno no haya contado con la opinión de las asociaciones y sindicatos e insisten en que la transición debe ser «ordenada, justa y rentable, desde el punto de vista social y económico«. Próximamente, su Comisión de Estrategia revisará el impacto de esta nueva normativa en la industria de la automoción, que representa el 10% del PIB.

Reconversión de las fábricas

Para el sector, todo esto implica afrontar una reconversión industrial completa y acelerada de las fábricas, con las consiguientes inversiones industriales y tecnológicas para evitar perder competitividad. Sin un plan de medidas que favorezca la transición industrial e impulse la venta masiva de vehículos eléctricos, no podrán cumplirse los objetivos.

Para cumplir con una cuota de mercado del 25% de vehículos eléctricos, el empleo se podría reducir en un 11% y para alcanzar una cuota de mercado de los vehículos eléctricos del 40%, el impacto sobre el empleo sería del 18%, todo ello sin tener en cuenta la influencia sobre el trabajo indirecto, como el generado en fábricas de componentes o en el sector servicios.

Por otra parte, el marco regulatorio actual ya está obligando a los fabricantes a hacer inversiones en mejoras tecnológicas, pero la nueva ley no permitirá su amortización ni la obtención del retorno de la inversión.

De hecho, los objetivos fijados por el Gobierno español superan a las exigencias medioambientales de la Unión Europea, que negocian una reducción de entre el 30% y el 40% de emisiones de CO2 para 2030.

Otros países, como Reino Unido, prohibirán la venta de vehículos de combustión en fechas similares, pero allí se ha aprobado un plan de apoyo a la compra de unidades alternativas y la gestión de infraestructuras de recarga de 1.500 millones de libras (1.724 millones de euros), similar al de 1.000 millones de Alemania (886 millones de euros). La cifra contrasta, y mucho, con los 74,5 millones dedicados en España a estos planes en cinco años.

Descenso de las ventas

Desde la Asociación también han puesto el foco sobre el descenso de las ventas de automóviles, especialmente diésel. La cuota de mercado de los turismos propulsados por este combustible ha sido de un 33% en octubre y el efecto podría contagiarse al conjunto de los vehículos de combustión, paralizando el mercado.

La normativa establece que en 2050 no circularán vehículos con alguna emisión contaminante o de CO2. Esto supone renovar el parque automovilístico en su conjunto en ese plazo, con la falta de un plan de achatarramiento.

La Asociación Nacional de Importadores de Automóviles, Camiones, Autobuses y Motocicletas, Aniacam, entiende que «no deja de ser una utopía difícilmente realizable» a fecha de hoy, ya que el parque actual asciende a 24 millones de vehículos de combustiónsustituirlos por unidades eléctricas «es prácticamente imposible«.

No se puede crear la infraestructura necesaria en este plazo para atender tal cantidad de demanda sin sufrir colapsos, dicen desde Aniacam. Mientras, fabricantes como Toyota consideran que los plazos previstos son excesivamente exigentes, superando incluso los establecidos en otros mercados donde las tecnologías de cero emisiones tienen un desarrollo superior.