Las restricciones de acceso a la Zona de Bajas Emisiones de Barcelona, que desde el 1 de abril afectan a las furgonetas sin etiqueta ambiental y a partir del 30 de junio, se aplicarán a los camiones, han generado una oleada de protestas en el sector del transporte.
El grupo formado por Sintraport Barcelona, Transcalit, la Asociación General de Autónomos y Pymes Transportistas de Cataluña, Astac Condal, Ametraci, Atec y el Gremio del Transporte y la Maquinaria de la Construcción han convocado movilizaciones contra estas medidas, que no han ido acompañadas de las adecuadas modificaciones normativas ni de las ayudas prometidas.
El sector, explican, sigue siendo "absolutamente dependiente de los combustibles fósiles", sin alternativas tecnológicas disponibles en la atualidad para los vehículos de más de 3,5 toneladas de masa máxima. Además, la crisis económica está suponiendo una dificultad añadida en la inevitable la reconversión del sector.
Convencidas de que la entrada en vigor de la Zona de Bajas Emisiones pone en peligro la distribución de bienes y servicios en Barcelona, y miles de puestos de trabajo, las asociaciones han convocado una marcha lenta el 31 de mayo de 09:00 a 13:00, con inicio en la calle A de la Zona Franca/parking del puerto, que transcurrirá por las Rondas de Barcelona.
Compromiso del Ayuntamiento
No obstante, aclaran que han recibido recientemente un comunicado del área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Barcelona, indicando que asumía los compromisos verbales con el sector y negociaría una solución para garantizar su reconversión de forma progresiva y realista.
Por ello, las movilizaciones quedarán desconvocadas si se procede a dar carácter oficial a la comunicación recibida. De momento, exigen que los vehículos adscritos al transporte de mercancías y sobre todo, los que requieren autorización de transporte, queden exentos de las restricciones hasta el 31 de diciembre como mínimo.
En este sentido, han pedido al Ayuntamiento y la Autoridad Metropolitana de Barcelona un marco legislativo que dé seguridad jurídica y garantice la actividad económica, ayudas directas para la sustitución de los vehículos, la homologación de filtros y catalizadores, y la constitución de una mesa de diálogo compuesta por ambos organismos, los transportistas y la Generalitat.
Desde el sector, entienden que es importante actuar con transparencia y comunicar las decisiones adoptadas, sin generar incertidumbre e inseguridad jurídica entre los transportistas y dando respuesta a las peticiones efectuadas por la falta de infraestructuras, vehículos de sustitución, combustibles alternativos y ayudas.
