Las zonas de bajas emisiones son un quebradero de cabeza que el segmento de distribución urbana de mercancías vive con angustia por los efectos que ya empieza a tener y que se verá en toda su crudeza en 2023, cuando todas las ciudades españolas de más de 50.000 las tengan ya en marcha, como se exige en el plan de Recuperación que ha remitido el Gobierno a Bruselas.

En el caso del área metropolitana de Barcelona, la zona de bajas emisiones contempla la prohibición de circulación de los que no dispongan de etiqueta ambiental de la DGT dentro del ámbito de las rondas de Barcelona desde el pasado 1 de abril a las furgonetas y a partir del próximo 30 de junio para camiones y autobuses.

Esta medida tan restrictiva para el sector del transporte de mercancías siempre ha contado con la oposición frontal de las principales asociaciones catalanas de transportistas, que la consideran inasumible y poco realista.

Los transportistas y las empresas de distribución que trabajan en la Ciudad Condal calculan que la restricción supone expulsar al 56% de los vehículos ligeros y el 59% de los vehículos pesados censados en Barcelona dedicados al reparto urbano de mercancías.

Ante esta coyuntura, las asociaciones de transportistas han acordado llevar a cabo un calendario de movilizaciones en protesta por dicha medida, para pedir que se abra una mesa de negociación que permita establecer una solución viable y realista para el sector del transporte.