La Iru ha solicitado formalmente y por escrito a la Comisión Europea que recomiende a todos los Estados miembro de la Unión que permitan una moratoria hasta finales de 2023 para la instalación de los nuevos tacógrafos inteligentes de segunda generación que deberían estar montados en todos los vehículos pesados que se matriculen desde hoy.
De esta manera se quiere evitar que los retrasos en la entrega de los nuevos tacógrafos bloqueen la matriculación de entre 20.000 y 40.000 vehículos hasta finales de 2023, según los cálculos de la organización internacional.
En esta misma línea, la Iru defiende que si se bloquea la entrega de nuevos vehículos no equipados con el nuevo aparato de control se impedirá la llegada al sector de vehículos más respetuosos con el medio ambiente, algo que, a su vez, pondrá en peligro los objetivos de reducción de CO2 en la Unión Europea.
Por este motivo, la patronal europea pide que durante un período de gracia que se prolongaría hasta final de año se permita provisionalmente la matriculación de vehículos equipados con el anterior modelo del tacógrafo y que, a la par, no se apliquen hasta final de año sanciones a las empresas de transporte por operar vehículos matriculados con posterioridad a este 21 de agosto y equipados con aparatos de control anteriores.
La Iru valora positivamente que varios Estados miembro de la UE, incluidos Alemania, España y Suecia, hayan decidido unilateralmente instaurar esta moratoria, aunque reclama una armonización en la duración de la exención y en sus condiciones de aplicación.
A más largo plazo, la organización empresarial estima que esta situación podría afectar a la última modificación de las normas de tiempo de conducción y descanso, que también establece plazos para la modernización de los vehículos matriculados a partir de este 21 de agosto para un período que se extiende entre finales de 2024 y el mes de agosto de 2025, proceso que podría afectar a entre 1,5 y dos millones de vehículos, según sus cálculos.
