Astic asegura en un comunicado emitido esta misma semana rechazar "frontalmente esta enésima prórroga para mantener en el sector del transporte por carretera el actual límite de facturación máxima anual para acogerse al régimen de módulos en 2023 que el Ejecutivo acaba de incluir en la Ley de Presupuestos Generales para el próximo año".
Ramón Valdivia, vicepresidente ejecutivo de la asociación de transporte internacional, afirma que "es muy incoherente que, por un lado, se abogue por el diálogo y el consenso de los agentes sociales, como es el Comité Nacional del Transporte por Carretera, y por otra, asistamos a la actuación unilateral y sin previo aviso del Gobierno adoptando esta decisión. Nuestro sector, a través del CNTC, ya decidió que no habría nuevas prórrogas a partir de 2022".
Para la patronal, el mantenimiento de este sistema de cotización "provoca una enorme discriminación fiscal al permitir a los transportistas autónomos tributar menos que el resto de empresas con las que compiten en el mercado, compañías grandes, medianas y pequeñas que han hecho un sobreesfuerzo durante estos últimos años para mantener y ampliar inversiones y empleo, afrontando grandes riesgos en tiempos muy convulsos".
De igual manera, para Astic, "esta medida favorece la fragmentación de un sector, como el transporte de mercancías por carretera, que ya de por sí está tremendamente atomizado al contar con más de 100.000 empresas, de las cuales solo el 4% son grandes compañías".
Frente a ello, a jucio de Valdivia, "lo que necesita nuestro sector es músculo empresarial y no continuar perpetuando un ecosistema de micro empresas, porque esta hiperatomización se traduce en bajo potencial de crecimiento, menor productividad sectorial, debilidad a la hora de negociar con clientes y proveedores y poco atractivo para atraer talento joven a la profesión de transportista".
Así mismo, la organización también apunta como otra medida que, en su opinión, genera inseguridad jurídica y frena la competitividad es la subida de las bases máximas de cotización en un 8,6%, algo que, de acuerdo con su criterio, "supondrá para las compañías españolas un nuevo aumento de los costes asociados al factor trabajo. Un enorme impacto para los operadores de transporte ya que el coste laboral es, junto al del combustible (aproximadamente un tercio cada uno), la mayor partida de los costes de operación de una empresa de transporte".
