El cambio en el modelo de gestión del servicio de ITV en la Comunidad Valenciana, pasando de la gestión privada a la pública en marzo, está teniendo un fuerte impacto para el sector del transporte.
La Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística ya había alertado de la necesidad de mejorar la prestación del servicio, incluyendo más líneas de atención a vehículos pesados, más especialización y la ampliación del horario.
Sin embargo, los problemas se han agravado en los últimos meses, especialmente de cara a las vacaciones. De hecho, según FVET el servicio es "tan escaso y deficitario" que ya no dan citas hasta el mes de octubre.
“Esta situación resulta dramática porque afecta a 9.181 empresas en la Comunidad Valenciana, que movilizan al año 279 millones de toneladas. Como hemos visto en los últimos años, este sector es esencial y colapsarlo tiene un fuerte impacto en la economía”, ha explicado Carlos García, secretario general.
La gestión del servicio de ITV la realiza la Sociedad Valenciana de Inspección Técnica de Vehículos, que acaba de anunciar la incorporación de 144 inspectores para reforzar sus plantillas en verano. Sin embargo, a pesar de esta ampliación, las citas se están dando con un plazo superior a tres meses.
Es cierto que con el cambio de modelo se ha reducido ligeramente el precio, debido a la supresión de la prueba de sonoridad que era obligatoria en esta autonomía, pero es el único punto en que las reivindicaciones han tenido algún efecto.
Así, según FVET claramente faltan profesionales especializados en vehículos pesados que sepan valorar adecuadamente sus particularidades, evitando actuaciones “desconcertantes” en la consideración de los defectos que pueden presentar.
A ello se unen deficiencias en el servicio como que no se pueda abrir una cuenta de empresa con menos de 25 vehículos y que sea el conductor el que deba pagar en metálico; que obligatoriamente se deba coger cita previa, algo complicado en el servicio de transporte; y que no se puedan hacer más de dos reservas previas.
Por ello, solicitan a la Generalitat y a la Consejería de Economía que tome medidas para mejorar un servicio que debe repercutir en beneficio de todos.
