La Comisión Europea calcula que la reaparición generalizada de los controles fronterizos, de producirse finalmente la ruptura de Schengen, supondría un coste adicional para el transporte por carretera de hasta 7.500 millones de euros al año.
Así lo ha señalado la comisaria europea de Transportes, Violeta Bulc, en un debate organizado por el Grupo Liberal del Parlamento Europeo para analizar el impacto de la crisis de refugiados en el sector del transporte de la UE. Entre otras cuestiones, durante el encuentro se ha puesto de manifiesto la falta de coordinación entre los países miembros en este ámbito.
Sólo para el sector del transporte de mercancías por carretera, el sobrecoste del restablecimiento de las fronteras sería de unos 3.400 millones de euros. Además, este cálculo es "optimista", según ha reconocido la comisaria, ya que parte de que los camiones esperen sólo una hora en las fronteras a causa de los trámites y controles pertinentes.
Durante su participación en el debate, la Unión Internacional del Transporte por Carretera elevó dicho sobrecoste a los 5.000 millones de euros, como ya había señalado anteriormente.
Según han indicado desde la asociación, los controles los Balcanes o en Francia están provocando ya filas de camiones en las fronteras, mientras que algunos transportistas comienzan a negarse a aceptar cargas con destino diversos países, especialmente a Reino Unido, por los problemas que están experimentando los profesionales del sector en Calais.
Reimplantar Schengen
En este contexto, la Comisión Europea ha propuesto este viernes 4 de marzo una hoja de ruta para “reimplantar un sistema de Schengen totalmente operativo”, según indican desde la administración, que recoge todas las etapas concretas necesarias para volver a ordenar la gestión de las fronteras exteriores e interiores de la UE.
Las cuentas de la Comisión apuntan que las empresas españolas pagarían más de 200 millones de euros en costes adicionales, aunque los países peor parados serían Polonia, los Países Bajos y Alemania, que tendrían que hacer frente a más de 500 millones de costes adicionales para el transporte de mercancías por carretera.
Además, las administraciones nacionales tendrían que sufragar entre 600 y 5.800 millones de euros en los gastos administrativos que implicaría la necesidad de aumentar el personal destinado a los controles fronterizos.
Para la Comisión, los controles temporales en las fronteras interiores deben constituir una medida excepcional y proporcionada, con el fin de regresar a una situación normal lo antes posible.
Su objetivo es suprimir todos los controles en las fronteras interiores antes de finales de diciembre, de forma que el funcionamiento del espacio Schengen pueda retornar a la normalidad ya en el presente 2016.
Decisiones unilaterales
Desde septiembre de 2015, ocho países han reintroducido controles en sus fronteras interiores por motivos relacionados con la crisis de los refugiados.
Por ello, si las actuales deficiencias graves en el control de las fronteras exteriores persistieran después del 12 de mayo, la Comisión presentará al Consejo Europeo una propuesta para la adopción de un enfoque coherente de la Unión en relación con los controles en las fronteras exteriores, hasta que se subsanasen las deficiencias estructurales.
Y es que la decisión de implantar controles fronterizos ha sido adoptada unilateralmente por los países miembros, por lo que, de llegar la citada propuesta al Consejo el próximo mes de mayo, el organismo internacional propondrá controles fronterizos “solamente en aquellos tramos de la frontera donde sean necesarios y proporcionados”.
En lo que respecta a las fronteras exteriores, la idea de la CE pasa principalmente por la creación de una Guardia Europea de Fronteras y Costas, propuesta en diciembre de 2015. La Comisión considera "fundamental" que el Parlamento Europeo y el Consejo adopten esa propuesta en junio, “como muy tarde”,para que pueda entrar en vigor durante el verano.