El ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, se reúne este viernes 10 de febrero en la sede del Ministerio con sindicatos y patronal para presentarles el texto definitivo de la reforma propuesta por el Gobierno.
Fomento llevará al Consejo de Ministros del viernes 17 de febrero la propuesta de Real Decreto que modificará el sistema de estiba español.
Como paso previo, el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, se reúne este viernes 10 de febreroen la sede del Ministerio con sindicatos y patronal para presentarles el texto definitivo de la reforma propuesta por el Gobierno.
De esta forma, el ministro mete presión a las partes, fijando la fecha límite para alcanzar un acuerdo en la próxima semana.
Teniendo en cuenta los plazos que maneja el Gobierno para aprobar el Real Decreto, y dada la premura con la que se ha convocado a las partes, todo indica que Fomento sigue confiando en alcanzar un acuerdo antes del próximo viernes 17, a pesar de que durante la presentación de los planes del Gobierno para reformar la estiba, se afirmara que "este plan no es punto de partida de nada, sino el punto final a una negociación que ha durado varios años".
No obstante, De la Serna ha señalado este jueves 9 de febrero en Madrid que el Gobierno "tendría cuántas reuniones sean necesarias", insistiendo en que seguirá "abogando por el diálogo y apostando por sentarse con los sindicatos y la patronal para intentar llegar a un acuerdo" dentro de lo que establece la normativa comunitaria.
Otra cosa serán los acuerdos parlamentarios a los que pueda llegar el Gobierno con el resto de las fuerzas políticas presentes en el Hemiciclo, para conseguir refrendar el Decreto Ley en sede parlamentaria, en los siguientes 30 días a la convalidación del proyecto ley por el Consejo de Ministros.
Dialogando con el sector durante dos años
Apenas unas horas antes de las declaraciones de Iñigo de la Serna, desde el Ministerio defendían que Fomento "ha estado dialogando y negociando con el sector de la estiba durante dos años".
Desde la Administración insisten en lo ya apuntado por fuentes del Ministerio el pasado viernes y recordado por el ministro este jueves en Madrid: a pesar de que esperaban que fuera el sector el que presentará una propuesta consensuada, "todas las peticiones han sido rechazadas por la Comisión Europea, al considerar que no cumplen con lo requerido en la sentencia".
Las aseveraciones del Gobierno contrastan con las declaraciones que Antolín Goya, coordinador general del sindicato Coordinadora, realizó horas después de conocerse la intención de Fomento, en las que aseguró que "el planteamiento que hace el Gobierno español es mucho más duro para los trabajadores que el fallo de la sentencia".
No obstante, desde Fomento aseguran que la creación de un registro nacional de trabajadores,"principal reivindicación que han hecho los sindicatos del sector", se planteó ante la Comisión Europea, pero el organismo contestó el 27 de julio de 2016 que la solicitud "era contraria a la sentencia y no se iba a admitir".
"A favor de los trabajadores"
La Administración defiende que ha elaborado una norma para dar cumplimiento a la sentencia "en la que se ha flexibilizado al máximo a favor de los trabajadores". "El objetivo no es otro que garantizar sus derechos", aseguran desde Fomento.
"Para ello" se ha establecido el periodo transitorio de tres años, "que permitirá a los trabajadores y a las empresas actuales adaptarse al nuevo marco legal", y el sistema de compensaciones financieras de la Administración portuaria, "de modo que se facilita que los actuales trabajadores conserven sus derechos laborales preexistentes". Por el contrario, los estibadores entienden que estas compensaciones constituyen un despido subvencionado con fondos públicos.
En lo que respecta a los requisitos de capacitación de los trabajadores, desde Fomento recuerdan que no serán exigibles los requisitos de titulación a aquellos que acrediten más de 100 jornadas de trabajo en el servicio portuario de manipulación de mercancías.
"La segunda sentencia de la Unión Europea, que se producirá en fechas próximas, supondrá para España 134.000 euros cada día por incumplir la sentencia", aseguran desde la Administración.