La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España, Fenadismer, ha mostrado su preocupación por las consecuencias que tendría para el transporte por carretera una eventual declaración unilateral de independencia de Cataluña.

La Ley de transitoriedad jurídica y fundacional aprobada por el Parlamento de Cataluña en septiembre de 2017 declara la vigencia de la legislación española y comunitaria «en el hipotético nuevo Estado catalán«, por lo que los transportistas del resto de España y los demás países de la Unión Europea podrían transitar libremente por el territorio catalán con su licencia comunitaria.

Sin embargo, según señalan desde Fenadismer, al convertirse Cataluña en un Estado no miembro de la Unión Europea, «sería cuestionable» que las empresas radicadas en esta región tuvieran idéntica libertad de tránsito para operar en España y el resto de los países comunitarios, pues no existe acuerdo bilateral previo con la Unión Europea que reconozca tales derechos.

Por ello, en los últimos días, la Federación dice haber recibido numerosas consultas de operadores de transporte catalanes sobre la posibilidad de trasladar su sede social a otras Comunidades Autónomas limítrofes.

Conforme a los datos del Registro Oficial de Empresas de Transporte dependiente del Ministerio de Fomento, el número de empresas catalanas del sector que operan en España es de 17.468,  con una flota total de 46.253 vehículos. Asimismo, un total de 4.405 empresas operan en el ámbito de la Unión Europea, con una flota de 17.410 vehículos.

En este contexto, Fenadismer solicitará tanto al Ministerio de Fomento como a la Comisión Europea un dictamen interpretativo sobre los efectos y consecuencias que tendría para el transporte por carretera, tanto a nivel nacional como internacional, la posible declaración de independencia.