Tras la decisión de la Comisión Europea de llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por el requisito de una flota mínima para acceder al sector del transporte, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) solicitará al nuevo Ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, la defensa activa de la actual regulación y ordenación.

Fenadismer entiende que esta normativa ha resultado «beneficiosa» tanto para el sector como para el conjunto de la economía española, y considera que el establecimiento de una dimensión mínima empresarial, que fue aprobado en 1999, ha permitido el crecimiento del transporte español en el ranking europeo de transporte internacional, pasando de la cuarta posición a la segunda.

Asimismo, recuerda que en otros países de la UE existen requisitos similares u otro tipo de limitaciones de acceso a la actividad que no han dado lugar al inicio de un procedimiento infractor por parte de Bruselas contra los Estados miembros que las aplican.

En este sentido, considera que es lógico que se produzcan este tipo de situaciones, ya que el propio Reglamento europeo 1071/2009 faculta a los países miembros para “imponer requisitos adicionales” que las empresas han de cumplir para ejercer la profesión de transportista.

Astrali muestra su satisfacción por la decisión de la CE

Por el contrario, la Asociación de Transportistas Libres e Independientes (Astrali) ha mostrado su satisfacción por la decisión de la Comisión Europea ante lo que consideran un «claro incumplimiento» por parte de España de la legislación comunitaria que mantenía «a un gran colectivo de autónomos» padeciendo las consecuencias del requisito de los tres vehículos.

Por este motivo, confía en que el proceso judicial constituya un impulso para los procedimientos iniciados frente a la Audiencia Nacional y el Tribunal de Justicia de Valencia.

Asimismo, asegura que la «deficiente gestión» de los responsables de Fomento en materia de transporte a lo largo de la última década ha supuesto la degradación del tejido empresarial y la implantación de competencia desleal.

Según indica, se trata de un requisito que sólo favorece a las grandes empresas y multinacionales, que mantienen negocios paralelos de acuerdo a esta limitación, como gestorías de compra-venta de autorizaciones o falsas cooperativas.

En todo caso, se estima que la tramitación del procedimiento judicial iniciado por la Comisión Europea no se resolverá antes de dos años.