Era uno de los grandes temores ocultos del sector del transporte de mercancías por carretera, que el tiempo vuelve a traer a la palestra, como demuestra el debate que ha tenido lugar esta misma semana en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados, ante la que ha comparecido el ministro de Fomento para dar cuenta de las líneas políticas que han de guiar su gestión al frente del departamento.

En la Comisión, José Luis Ábalos ha confirmado la intención del Gobierno de ir liberando las autopistas de peaje a medida que vayan cumpliendo sus plazos de concesión, algo que empezará a suceder este año con la A-1 y la AP-7.

Sin embargo, la apertura de estas vías conduce la discusión hacia la financiación del mantenimiento de estas carreteras, máxime si, como ha anunciado la Generalitat de Cataluña recientemente, no se descarta la posibilidad de que los usuarios más intensivos de estas infraestructuras financien la reparación y puesta al día de estas carreteras.

Al respecto, los representantes de los partidos nacionalistas catalanes y vascos han hecho referencia en sus intervenciones de réplica al ministro a una posible tarificación por el uso de las infraestructuras.

En este sentido, los nacionalistas catalanes se han mostrado partidarios de que los usuarios de cada vía contribuyan a su financiación en virtud del principio de que el contamina paga, en consonancia con la normativa europea.

Al tiempo, los nacionalistas vascos también se han mostrado partidarios de la aplicación de la euroviñeta, tal y como ya se hace en Guipúzcoa, e incluso valorarían su posible aplicación a los tramos estatales existentes en el País Vasco, correspondientes a la A-1 y la AP-68, una vez sean liberados y transferidos a las autoridades regionales.

Ante estas opiniones, Ábalos ha indicado que hay que abrir un debate sobre la sostenibilidad del sistema viario con un “encaje europeo” y “sobre la totalidad de la red”.