El nuevo Gobierno socialista parece decidido a ir poniendo fin a los peajes a medida que las concesiones vayan acercándose a sus respectivas fechas de finalización.

Esta medida tendría un gran impacto para el transporte de mercancías por carretera en forma de rebaja de costes y mejora de la seguridad vial que, además, aumentaría sus efectos en los casos de la AP-1 entre Burgos y el municipio alavés de Armiñón, así como en la AP-7 en todo el Arco Mediterráneo y en la AP-2 en Aragón y Cataluña.

Sin embargo, como duran tan poco las alegrías en la casa del pobre, al anuncio del ministro de Fomento ha sucedido prácticamente de inmediato otro anuncio, esta vez de la portavoz de la Generalitat de Cataluña, Elsa Artadi, que en una rueda de prensa celebrada esta semana abría la posibilidad de implantar una viñeta en las vías de alta capacidad catalanas «para fomentar la equidad territorial«.

En este sentido, el Gobierno regional catalán ve en la supresión de las concesiones viarias actualmente existentes una oportunidad para empezar a cobrar por el uso de todas las autovías y autopistas existentes en la comunidad autónoma, para cuya gestión tiene transferida la competencia.

Los distintos Ejecutivos catalanes han venido demandando históricamente la supresión de los peajes en las vías de la región para, según parece ahora, poder imponer otros diferentes.