Proyecto de Ley del Sector Ferroviariose puede descargar en este enlace (disponible en formato pdf, de 10 páginas, 942 Kb).

Este pasado viernes 6 de mayo, el Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del proyecto de Ley del Sector Ferroviario, con la que busca consolidar el rigor en la planificación y construcción de nuevas infraestructuras, y propiciar la apertura de la red para potenciar el uso de la alta velocidad mediante la mejora de la calidad y el aumento de la oferta.

Además, supone un nuevo marco jurídico completo aplicable al sector ferroviario, consolida la reforma emprendida por el Ejecutivo y, asimismo, adapta la normativa a la creación de la Agencia de Seguridad Ferroviaria para mejorar todos los mecanismos relativos a la seguridad.

El texto refuerza los mecanismos para una mejor planificación de las infraestructuras ferroviarias, exigiendo que existan las fuentes de financiación suficientes. Se establecen tres instrumentos, la Estrategia Indicativa, a elaborar por el Ministerio de Fomento, como instrumento de planificación de la infraestructura, con tres fases, desarrollo, mantenimiento y renovación.

También se elaborará un Programa de Actividad, a elaborar por los administradores de infraestructuras, Adif y Adif AV, ADIF, según la Estrategia Indicativa, y que deberá recoger la previsión de actuaciones a realizar y una previsión orientativa de sus cánones para los próximos cinco años; y, por último, un convenio Adif-Adif AV-Ministerio de Fomento que establecerá las objetivos a alcanzar por Adif y las aportaciones económicas del Estado.

Supresión del cánon de acceso a la red

Asimismo, establece un nuevo sistema de cánones con el objetivo de incrementar el uso de la red de ferrocarriles española. Entre otras novedades, destaca la supresión del canon anual de acceso a la red y la bonificación de la puesta en marcha de nuevos servicios ferroviarios.

Junto a ello, se incluyen nuevas medidas para mejorar la competitividad del transporte ferroviario de mercancías, como el establecimiento de medidas liberalizadoras de los servicios que se prestan en las terminales ferroviarias públicas, que supondrán una reducción de costes o la imposición de nuevas condiciones de transparencia para la actuación de los administradores de infraestructuras.

También se simplificará el régimen tarifario y de las autorizaciones necesarias, la eliminación del canon de acceso que «supone eliminar una importante barrera a la entrada», y el impulso del papel de los puertos como administradores de las infraestructuras ferroviarias dentro de su dominio público.

Seguridad ferroviaria

Por otra parte, el texto incluye un nuevo título específico dedicado a seguridad ferroviaria, que no existe en la Ley vigente y se adapta su contenido a la creación de la nueva Agencia de Seguridad Ferroviaria, que será independiente y no podrá encomendar funciones de los administradores de infraestructuras, empresas ferroviarias o entidad adjudicadora. Además, se le dota de mecanismos propios de financiación, con objeto de reforzar su independencia.

Por último, se plantea un régimen sancionador más proporcional, reforzando las sanciones sobre derechos de los pasajeros y aspectos relacionados con la seguridad.