La entrada en vigor de las zonas de bajas emisiones prevista en 149 ciudades españolas para el próximo 1 de enero coloca al sector de la distribución urbana de mercancías ante un nuevo escenario.
En este sentido, la movilización de los transportistas en Madrid refleja la situación de un segmento de actividad que se enfrenta a nuevas restricciones de acceso a su ámbito natural de trabajo y a la necesidad imperiosa de renovar su flota para poder seguir dando servicio en un contexto de fuerte incertidumbre económica.
En enero entrarán en vigor las restricciones de acceso a la Zona de Bajas Emisiones, ZBE, que afecta a los vehículos que cuenten con la etiqueta B, que ya no podrán acceder a dicha zona.
Esta normativa, impulsada por la Unión Europea, busca reducir las emisiones contaminantes en las ciudades al permitir solo la entrada de vehículos con, como mínimo, la etiqueta medioambiental Eco de la DGT.
En España, la flota de vehículos para uso profesional tiene una edad promedio de trece años De igual modo, el tejido empresarial del sector está compuesto de numerosas pymes y microempresas que carecen de recursos para renovar sus flotas de manera rápida.
A pesar de que esta normativa se anunció con antelación, los usuarios de vehículos profesionales no han podido adaptar sus flotas a tiempo debido a la falta de recursos económicos y a la crisis generada por la pandemia, entre otros motivos.
Esto ha generado un conflicto entre el objetivo de reducir las emisiones y la realidad de una flota envejecida y atomizada, compuesta por pequeñas empresas con recursos limitados.
Al mismo tiempo, los municipios con obligación de implantar estas zonas de bajas emisiones articulan medidas que intenten paliar dentro del cumplimiento de la legalidad el impacto de este profundo cambio normativo en el sector del transporte y la logística urbanos con el fin último de evitar problemas de desabastecimiento.
