El Gobierno ha decidido aprovechar la placidez que se vive en agosto, mes vacacional por excelencia en el país, para dar un decisivo paso adelante en la implantación del sistema de pago por uso en las carreteras españolas, tal y como se comprometió en su momento con la Comisión Europea.
Concretamente, la consultora publica Ineco ha adjudicado a KPMG Abogados hace unos días el contrato para llevar a cabo un servicio de asesoría y consultoría jurídica especializada en materia fiscal y tributaria en el ámbito de las carreteras por un importe de 107.690 euros y con un plazo de ejecución de nueve meses.
Estas labores servirán, según reza el pliego de contratación, para la posible articulación de un mecanismo de pago por el uso de las carreteras estatales que podría implantarse a partir del año 2024, buscando un acuerdo social y político, lo que supone avanzar hacia la internalización de los costes externos del transporte bajo el principio del cobro al usuario usuario pagador y también del principio de quien contamina paga, en el marco de la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte.
Para ello, la Administración considera necesario desarrollar determinados trabajos para analizar las alternativas dirigidas a la implantación de un nuevo sistema de financiación de la Red de Carreteras del Estado y la determinación de las necesidades para su diseño e implantación.
Objetivo, el transporte de mercancías por carretera
De manera particular, el asesoramiento de KPMG Abogados se ceñirá a materia jurídica y legal, así como a materia fiscal, impositiva y tributaria tanto en el ámbito general de la carretera, como específica del transporte de mercancías por carretera y de los hidrocarburos, que serviría para definir el futuro canon a abonar.
Los trabajos a realizar implican, por un lado, servicios de consultoría en materia de Derecho nacional y europeo de infraestructuras de transporte, tráfico y transporte, así como de análisis de impacto de la evasión y fraude en los sistemas de tarificación de infraestructuras, ademas de, por otro lado, asesoría fiscal en manteria de transporte por carretera, además de asesoramiento continuo en relación con la problemática que presenta el pago por uso.
En particular, Ineco quiere que la firma contratada preste especial atención a la regulación de la Unión Europea sobre la aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la utilización de determinadas infraestructuras, así como a posibles cambios que se introduzcan en la normativa de la Directiva Euroviñeta.
Con todo ello, Ineco dispondrá de un análisis del encaje legal de las distintas alternativas del modelo de gestión que definirá la propia empresa pública para el nuevo sistema de cobro de la red de carreteras propuesta, dentro de la normativa europea, con una identificación concreta de los impactos jurídicos que se pudieran derivar debido a la implementación del nuevo sistema de tarificación.
Llama la atención que los trabajos también comprenden el desarrollo de fórmulas que faciliten la aceptación socialdel nuevo sistema de cobro de peaje, con lo que se da por supuesto que llegará con toda seguridad. De igual manera, parece como si el Gobierno también estaría abriendo la puerta a que lo recaudado con esta tarificación viaria se dedique a otros usos que no sean los comprometidos para el mantenimiento de las infraestructuras.
