UGT cree que la empresa pública podría ver condicionada su viabilidad futura por esta multa.
Con motivo de la sanción impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia, CNMC, a Renfe y Deutsche Bahn por supuestas prácticas contrarias al derecho a la competencia, Renfe Mercancías ha anunciado que recurrirá la multa de 64,9 millones de euros impuesta, por considerarla "desproporcionada" para una empresa que factura 215 millones de euros.
También insiste en que resulta "injusta e inútil", ya que las prácticas denunciadas han sidocorregidas voluntariamente. Además, ha explicado que su nueva estrategia de gestión para la división de Mercancías, a implantar en el período 2017-2019, permitirá seguir operando en un mercado liberalizado.
Por su parte, la Asociación Española de Empresas Ferroviarias Privadas, AEFP, que denunció esta situación en 2008, considera que Renfe "ha abusado de su posición de dominio"y ha celebrado acuerdos con Transfesa, perteneciente al Grupo DB, que han permanecido vigentes entre 2008 y 2013.
[sumario] Para los operadores privados, Renfe "ha abusado de su posición de dominio".[/sumario]
En este sentido, recuerda que las empresas incoadas solicitaron la iniciación del procedimiento de terminación convencional, lo que habría supuesto aceptar ciertos compromisos que se traducirían en la introducción de una mayor competencia en el sector. Sin embargo, tras seis meses de negociaciones, el operador ferroviario prefirió optar por la imposición de una sanción.
La Asociación, que está integrada por Acciona Rail Services, Comsa Rail Transport, Continental Rail, Ferrovial Railway, Logitren Ferroviaria, Takargo Rail, Tracción Rail, Tramesa y Transitia Rail, dispone de una cuota de mercado conjunta en el mercado ferroviario de transporte de mercancías de menos del 25%.
De hecho, UGT ha indicado que aunque la liberalización del transporte ferroviario de mercancías se llevó a cabo para incrementar el volumen de tráfico en esta actividad, la llegada de los operadores privados "no ha tenido impacto alguno" en la cuota de mercado, que se ha mantenido en el 4%.
En cualquier caso, el sindicato apunta que este tipo de sanciones "ponen en peligro los puestos de trabajo de más de 1.000 personas", así como a la propia empresa, que podría ver condicionada su viabilidad futura. Además, cree que la situación ha puesto de manifiesto los "graves problemas" que se derivan de un proceso de liberalización en ciertos sectores.