La falta de trasposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva europea que regula el desplazamiento de conductores extranjeros en España constituye, a juicio de Fenadismer, «una prueba más del abandono y falta de preocupación que sufre el sector del transporte por carretera por parte de las Administraciones Públicas».

En este sentido, la asociación se muestra sorprendida por el hecho de que, «faltando apenas dos meses para que dicha regulación debiera estar aprobada, ni siquiera ha elaborado el texto legal que permitiría su aplicación«.

La patronal estima que más de una cuarta parte del transporte internacional con origen o destino en nuestro país lo realizan empresas de transporte domiciliadas en países del Este de Europa, con costes laborales y fiscales hasta ocho veces inferiores a los que pagan las empresas españolas.

De igual modo, la organización empresarial considera esta norma un elemento imprescindible «para poder controlar la competencia desleal que en los últimos años viene soportando nuestro sector por parte de estas empresas de transporte extranjeras, muchas de ellas pertenecientes a grandes flotistas españoles, que han deslocalizando artificialmente las sedes de sus empresas en dichos países, con un evidente fraude tanto laboral como fiscal».

Al parecer, las diferencias entre Trabajo y Transportes sobre dicha regulación habrían provocado que n se haya llevado la Directiva a una norma legal española y como consecuencia, según Fenadismer, «las empresas buzón pueden seguir trabajando en nuestro país con total impunidad. ocasionando un gravísimo daño a las empresas transportistas españolas».

La institución pretende «exigir al Gobierno español que apruebe mediante Decreto Ley y a la mayor brevedad dicha regulación, negociando con las asociaciones de transportistas su contenido, a fin de minimizar el gravísimo daño que esta lacra está ocasionando tanto a las empresas transportistas españolas como a las arcas públicas».

 

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