No es el momento más adecuado. Con la que está cayendo, el Gobierno parece haber caído en la cuenta de que la actual coyuntura no reúne las condiciones para impantar el ambicioso sistema de pago por uso en las vías de alta capacidad del país comprometido con la Comisión Europea.
De igual modo, también han debido de jugar su papel en esta decisión la oposición de las empresas de transporte de mercancías por carretera y el compromiso adquirido por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana con el Comité Nacional del Transporte para avanzar en este proyecto con consenso.
En este sentido, la ministra Raquel Sánchez ha asegurado en relación con esta iniciativa esta misma semana en un acto público celebrado en Madrid que “a corto plazo, difícilmente se podrá implementar”.
Así mismo, Sánchez también ha reconocido que “en este entorno, hay que atender a la situación económica de uno de los sectores más afectados, que es el del transporte”.
Sin embargo, el proyecto seguirá en un cajón hasta que las condiciones sean más propicias. Cabe recordar que anteriores Ejecutivos ya manejaron planes en términos similares al actual, que ya estaba muy avanzado y con visos de entrar en vigor en cuestión de meses.
La introducción de un sistema de pago por uso en las vías de alta capacidad españolas habría añadido un coste extra más a las empresas de transporte de mercancías por carretera, lastrando de paso la competitividad de los productos españoles en los mercados europeos.
Según datos de Astic, un 75% de las exportaciones españolas hacia el continente europeo salen del país por carretera y, de igual modo, dos tercios de los camiones que portan esas cargas hacia los mercados exteriores son españoles.
Pese a este retraso en el sistema nacional, siguen en marcha diferentes proyectos legislativos de tarificación viaria en Vizcaya y en Navarra, que siguen el ejemplo de Guipúzcoa, un caso no exento de polémica y de reveses judiciales.
