La tasa a los operadores postales planteada por el Ayuntamiento de Barcelona constituye, según Uno, "un tributo discriminatorio, que incrementa los costes de un servicio de interés económico general y reduce las alternativas de venta de empresas minoristas de todos los tamaños, grandes y pequeñas, que se verán obligados a asumir mayores costes o a repercutírselos a sus clientes”.
De igual modo, la patronal logística defiende que el nuevo tributo no responde a la necesidad de cubrir las desigualdades competitivas con el comercio de proximidad y destaca que, aunque el Ayuntamiento de Barcelona justifica esta tasa por motivos de protección medioambiental, "resulta contradictorio, puesto que la aplicación de un impuesto sobre las ventas on-line estimularía las compras físicas, lo que, a su vez, aumentaría los desplazamientos de particulares, incrementando la congestión en la ciudad y el impacto medioambiental”.
En consecuencia, la organización empresarial considera que se trata de "una medida antisocial, que además llega en un contexto de máxima incertidumbre y tensión económica”, ya que, según su criterio, "incorporar nuevos costes lo único que hace es perjudicar a las empresas y, por tanto, frenar la creación de empleo".
