La patronal del transporte y la logística, UNO, ha rechazado la decisión aprobada en Consejo de Ministros de prohibir los despidos objetivos a las empresas que se acojan a las medidas aprobadas para hacer frente a la crisis provocada por la invasión de Ucrania, como las ayudas de 1.200 euros para camiones y 500 euros para furgonetas acordadas con el sector del transporte.

En su opinión, se trata de una decisión antisocial ya que «condena a las empresas a la quiebra ante la imposibilidad de reducir costes» para hacer frente a esta compleja situación. En su lugar, dice el presidente de la Organización, Francisco Aranda, se necesitan medidas de flexibilidad para poder adaptar las estructuras empresariales al nuevo entorno a la espera de poder volver a crecer y contratar.

«Limitar la toma de decisiones del empresario en un momento de crisis significa reducir su capacidad de gestión y eso un gran error ya que nos deja sin músculo de cara a la salida de la crisis”, ha señalado, insistiendo en que para cualquier empresario, despedir es una decisión difícil.

Por otro lado, ha lamentado que las medidas de carácter laboral se adopten fuera del diálogo social, sin ni siquiera informar a los representantes de los empresarios: «Patronales y sindicatos llevamos más de 40 años negociando, pero parece que este Gobierno aún nos considera menores de edad y prefiere tomar decisiones de forma unilateral«.

Asimismo, cree que se ha perdido una nueva oportunidad de reducir el elevado esfuerzo fiscal que soportan empresas y ciudadanos al volver a recurrir «a las políticas de subvenciones y de avales para créditos que lo único que consiguen es ahogar aún más a las empresas«.

En este sentido, en vez de rebajar sus impuestos, se las condena a asumir una serie de sobrecostes derivados de los intereses que suponen este tipo de ayudas, cuando lo que hace falta para dinamizar la economía e incentivar el consumo, explica Aranda, es reducir la presión fiscal.

 

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