El Departamento Estadounidense de Transporte, equivalente a un Ministerio del ramo en los Estados Unidos, ha amenazado a tres Estados del país con retirarles fondos federales si no adoptan la regulación nacional para que los conductores profesionales que trabajan allí hablen inglés.
En concreto, la Administración Trump ha dado treinta días a California, Washington y Nuevo México para que incorporen esta medida, a riesgo de perder toda la financiación del Programa de Asistencia a la Seguridad en el Transporte.
Según el Departamento, "cuando los Estados no hacen cumplir la ley, ponen en peligro la seguridad vial. Bajo el liderazgo del presidente Trump, estamos tomando medidas enérgicas para cerrar estas lagunas de seguridad, exigir responsabilidades a los Estados y asegurarnos de que todos los conductores profesionales tienen formación para conducir vehículos de cuarenta toneladas".
Una investigación del Gobierno federal norteamericano apunta que Washington y Nuevo México han implantado la normativa nacional, pero no la aplican, mientras que California ni siquiera la ha adoptado, e incluso su policía estatal ha anunciado públicamente que no sancionará a los chóferes que no hablen inglés.
El Gobierno Estadounidense se escuda en un reciente accidente que ha tenido lugar en Florida para argumentar que los chóferes que no leen inglés no comprenden la señalización y suponen un riesgo vial.
Todas estas idas y venidas se producen en el marco de la lucha de la Administración Trump contra la inmigración irregular y, al mismo tiempo, en un contexto de fuerte escasez de conductores profesionales en el país, al igual que ocurre en Europa.
