El Consejo y el Parlamento europeos han cerrado esta semana un acuerdo provisional para modificar algunos aspectos de la Directiva de la Euroviñeta.
Esta norma fija el marco comunitario que rige el marco para los peajes y las tasas de uso de carreteras aplicables a los vehículos pesados en toda la Unión Europea.
Principales objetivos de la reforma
Según las instituciones de la Unión, el acuerdo refuerza la seguridad jurídica, simplifica la aplicación y garantiza una puesta en práctica coherente de las normas de tarificación basadas en las emisiones de CO2, a la luz de las nuevas normas para vehículos pesados al respecto en vigor este 1 de julio.
De manera particular, este acuerdo provisional aclara definiciones clave relacionadas con las emisiones de CO2, incluidos los vehículos de cero emisiones, los vehículos pesados de bajas emisiones, los grupos de vehículos, las trayectorias de reducción de emisiones y las emisiones de referencia de CO2 preservando al mismo tiempo los objetivos políticos originales de la directiva.
Así mismo, también permite a los Estados miembro aplicar tasas de usuario o tasas de infraestructura reducidas para los vehículos de bajas emisiones, junto con medidas que fomenten la adopción de vehículos de cero emisiones
Finalmente, el acuerdo aclara, según las instituciones comunitarias, en qué categorías se clasifican ciertos vehículos como los camiones de recogida de basura y los vehículos de construcción.
Por otro lado, Consejo y Parlamento han decidido no mantener el sistema propuesto de variación de los cánones viarios para los vehículos pesados que equipen semirremolques más sostenibles.
Se considera a este respecto que dicho sistema generaría cargas administrativas adicionales, aumentaría la complejidad de los sistemas de peaje y afectaría al despliegue y a la aplicación de los servicios de peaje electrónico. Al mismo tiempo, se ha solicitado a la Comisión que evalúe los obstáculos persistentes.
Ahora este acuerdo provisional deberá ser refrendado por el Consejo y el Parlamento antes de ser adoptado formalmente por ambas instituciones tras la pertinente revisión jurídica y lingüística.
