Fenadismer manifiesta en un comunicado emitido esta semana "su firme rechazo a las pretensiones de determinadas organizaciones europeas que presionan para modificar la vigente Directiva europea 96/53/CE sobre pesos y dimensiones, con el objetivo de permitir el transporte transfronterizo generalizado de 44 toneladas entre Estados miembros que ya contemplen este límite a nivel interno".
Para la patronal, "esta medida perjudicaría gravemente a las empresas de transporte españolas y rompería la igualdad de condiciones en el mercado único".
Sólo para vehículos de cero emisiones
Por ello, la entidad defiende que la modificación de la Directiva de pesos y dimensiones que está en trámite a nivel europeo "debe mantener el criterio de permitir mayores tonelajes transfronterizos exclusivamente a los vehículos eléctricos de cero emisiones, como una vía justa para compensar parcialmente el peso de sus baterías".
El principal motivo de oposición de Fenadismer radica en lo que considera "absoluta falta de armonización de las normativas nacionales en aspectos que van más allá del simple peso".
Consecuentemente, a su juicio, "permitir el cruce de fronteras basándose únicamente en que ambos países aceptan las 44 toneladas expondría a los transportistas españoles a regulaciones técnicas incompatibles con las de su país de origen".
El ejemplo entre España y Francia
La organización empresarial pone de ejemplo de esta asimetría el caso entre España y Francia.
En el país galo se exige de forma estricta que los vehículos de 44 toneladas cumplan con la normativa ambiental Euro VI, mientras que en territorio español se permite el transporte de 44 toneladas con vehículos Euro V o inferior, al no ser obligatorio dicho requisito en el territorio nacional.
Ante esta diferencia, Fenadismer argumenta que "si prosperara la propuesta de estas organizaciones europeas, las empresas de transporte españolas verían vetado su acceso a territorio francés si sus vehículos no cumplen la norma Euro VI y otros requisitos adicionales establecidos".
Como resultado, según la entidad, "los transportistas se enfrentarían a una inseguridad jurídica inasumible al encontrar en el país vecino normativas diferentes (emisiones, requisitos técnicos o configuraciones) a las exigidas en su país de matriculación, rompiendo el principio de igualdad y libre competencia", por lo que "insta a las instituciones comunitarias y al Gobierno español a defender los intereses del sector del transporte nacional, rechazando cualquier modificación de la Directiva que desproteja a las empresas españolas frente a normativas unilaterales de otros Estados miembros".
