Mientras la normativa española de pesos y dimensiones parece que iniciará su procedimiento de consulta pública en pocos días, la tramitación de la reforma de la Directiva europea que regula el tamaño de los vehículos pesados afronta un proceso incierto.
En el caso de la Orden Ministerial española, la directora general de Transporte por Carretera y Ferrocarril, Roser Obrer, ha asegurado en la Primera Conferencia Anual de Cargadores, organizada esta semana en Madrid por Ace y Transprime, que es cuestión de días que el Ministerio del Interior abra el procedimiento de consulta pública antes de dar el visto bueno al cambio regulatorio que dará carta de naturaleza a camiones más grandes y pesados en las carreteras españolas.
Si se van cumpliendo los plazos, algunos estiman que la norma podría estar lista el próximo mes de octubre, con lo que podría entrar en vigor antes de fin de año, aunque todo queda a expensas de la compleja situación política que resulte tras las tres citas electorales que se celebrarán en las próximas semanas.
Sin embargo, a nivel europeo, y pese a que el pleno del Parlamento Europeo ha ratificado en marzo el informe elaborado por la eurodiputada socialista Isabel García Muñoz en relación con la modificación de la Directiva de pesos y dimensiones de los vehículos industriales, con una postura que la propia García Muños califica de "pragmática y realista", todo queda pendiente de lo que decida el Consejo.
Precisamente en el Consejo Europeo entran en juego de manera evidente los diferentes intereses nacionales y ahí se oscurece el futuro de la propuesta de la Eurocámara, ya que tres países se muestran reticentes a dar el visto bueno al proyecto.
En concreto, Francia no parece dispuesta a permitir que se realicen operaciones de transporte internacional con vehículos de grandes dimensiones que, por contra, sí que autoriza para operar dentro de su territorio. Al mismo tiempo, Austria se opone frontalmente a permitir el tráfico de megacamiones por su territorio y, finalmente, Alemania alega cuestiones técnicas en la infraestructura de sus puentes para oponerse a la iniciativa. En definitiva, los dos grandes impulsores de la Unión están en contra del cambio normativo, aunque por diferentes motivos.
Por si todo este panorama no fuera lo suficientemente pesimista, además también cabe la posibilidad de que las próximas elecciones aparten a los ponentes de esta reforma legislativa, ya sea como consecuencia del voto ciudadano o por cambios que se articulen en las listas, que pasaría tras el verano a otros nuevos responsables que tendrían que ponerse a trabajar sobre el expediente prácticamente desde cero.
