La guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero ha provocado el mayor aumento en los precios del petróleo desde la invasión rusa de Ucrania en 2022.
El 23 de marzo, los precios medios en las gasolineras de la Unión Europea habían alcanzado los 2,06 euros por litro para el diésel y los 1,89 euros para la gasolina, lo que representa un incremento de 49 y 27 céntimos por litro, respectivamente, respecto al período anterior al conflicto. Por tanto, llenar un depósito de diésel de 55 litros costaba casi 27 euros más y 15 euros más en el caso de un coche de gasolina.
La misma dinámica se observó en 2022, tras la invasión rusa de Ucrania. Entonces, los conductores de la UE pagaron un sobreprecio colectivo de alrededor de 55.000 millones de euros a lo largo del año. Las petroleras, en particular las refinerías, no solo repercutieron el aumento de los costes de producción, sino que sus márgenes se ampliaron, triplicándose los beneficios de las refinerías de la UE entre 2021 y 2022.
Si se mantienen las condiciones actuales hasta finales de 2026, Transport & Environment estima que se generarían 28.000 millones en beneficios extraordinarios para las refinerías y distribuidores que operan principalmente en la UE, y 51.000 millones de euros para los productores de crudo y los países productores de petróleo.
Contribución solidaria
Por ello, la organización considera que la UE debería aplicar un impuesto sobre los beneficios extraordinarios y utilizar los fondos para ayudar a los europeos a ser menos vulnerables ante futuras crisis petroleras. No es algo nuevo, pues la conocida como contribución solidaria recaudó unos 28.000 millones de euros en 2022-2023 antes de su caducidad.
Se trataba de un gravamen del 33% sobre los beneficios de los combustibles fósiles que superaran en más de un 20% la media de 2018-2021. Desde Transport & Environment consideran que hay argumentos sólidos para su restablecimiento, pues aunque los beneficios extraordinarios derivados de las crisis geopolíticas son, por naturaleza, temporales, los consumidores de la UE están sufriendo una crisis en sus costes de vida de la que no son responsables.
Empezar a actuar ahora enviaría el mensaje de que cuando las petroleras se benefician de un conflicto como este, los beneficios se comparten con la ciudadanía que soporta la carga. Los responsables políticos pueden empezar a actuar ya y perfeccionar el mecanismo a medida que se disponga de más datos, pero no tiene sentido esperar hasta que la injusticia haya pasado, explican.
