De modo similar al proceso que en los últimos años viene llevando a cabo el Gobierno español, Portugal también ha procedido a eliminar los peajes de la mayor parte de su red de autopistas y autovías que han estado en vigor durante más de 14 años.
Tras el rescate europeo del país luso y la posterior intervención de la troika comunitaria en las decisiones económicas del Gobierno portugués motivada por la crisis de 2008, a finales de 2010 se introdujeron en muchas autopistas y autovías portuguesas los conocidos “Scuts”. Se trata de peajes para toda tipo de vehículos por la circulación por este tipo de carreteras, cuyo pago era exclusivamente electrónico a través de los pórticos que se instalaron a lo largo de la red viaria.
Ahora el Gobierno portugués ha decidido eliminar los peajes en todos los tramos de las autopistas interiores y en las carreteras donde no existen alternativas que permitan un uso seguro y de calidad, tras la aprobación de dicha medida por el Parlamento a finales de junio del 2024.
Las vías que pasan a estar exentas de peaje desde este mes de enero son las siguientes: A4 (Transmontana e Túnel do Marão), A13 y A13-1 (Pinhal Interior), A22 (Algarve), A23 (Beira Interior), A24 (Interior Norte), A25 (Beiras Litoral e Alta) y A28 (Miño, en los tramos Esposende-Antas y Neiva-Darque ), manteniéndose exclusivamente los peajes en el entorno de Oporto, en concreto en las vías A28 (tramo Esposende- Oporto), A41, A42 y A29.
Fenadismer en un comunicado aplaude dicha medida, muy similar a la aplicada por el Gobierno español en estos últimos años y que ha permitido “liberar” una buena parte de los más de 3.300 kms de autopistas que estaban sujetos a peaje en 2018, entre otras, la AP-1 entre Burgos-Armiñón, la AP-4 entre Sevilla y Cádiz, la AP-2 entre Zaragoza y el Mediterráno, así como la AP-7 entre Alicante y la frontera francesa.
La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España insiste en que la eliminación de los peajes aporta ventajas para la mejora de la seguridad vial y la descongestión de la red viaria nacional, al redistribuir los tráficos, tanto privados como profesionales, entre las carreteras nacionales y las autopistas, basando la elección no en criterios exclusivamente económicos, sino en función de la distancia del trayecto a realizar o del destino del viaje.
Otro aspecto del que no se suele hablar es el del incremento de los costes de mantenimiento de estas vías, que pasa a depender del Estado y de la amenaza recurrente de instaurar un canon de "pago por uso", con la excusa de sufragar este coste, como si no fuera algo que ya está sometido a tributación en el impuesto de circulación, con la consiguiente doble tributación.
